Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 27 de Abril de 2023, expediente FBB 011877/2019/CA001

• Fecha de Resolución: 27 de Abril de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 11877/2019/CA1 – S.I.–.S.. Previsional Bahía Blanca, 27 de abril de 2023.

VISTO: El expediente nro. FBB 11877/2019/CA1, caratulado: “GARCÍA, A., c/ Anses,

s/ Reajustes varios” originario del Juzgado Federal nro. 2 de Bahía Blanca, puesto al acuerdo en

virtud de la apelación interpuesta por la parte actora contra la resolución de fecha 21/7/2020 y las

apelaciones interpuestas por ambas partes contra la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2022.

El señor Juez de Cámara, doctor P.A.C.M., dijo:

1. El 21 de julio de 2020 la jueza de grado consideró improcedente la invocación de hechos

   nuevos.

   La parte actora interpuso en dicha oportunidad recurso de revocatoria con apelación en

   subsidio.

   El 29 de julio de 2020 la a quo rechazó la reposición intentada y concedió con efecto

   diferido la apelación interpuesta.

2. Por otra parte, en la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2022, la jueza de grado hizo

   lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.463: 72, dispuso el recálculo del

   haber inicial y su posterior movilidad según las pautas establecidas en los fallos “Rúa”, “S. y

   B., admitió la excepción de prescripción desde los dos años previos a la interposición del

   reclamo administrativo, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 55 de la ley 18.037 y 9 inc. 3 de

   la ley 24.463 para el caso en que las partes acrediten la confiscatoriedad que surge de su aplicación al

   presentar la liquidación de autos, aplicó el precedente “Spitale”, impuso las costas por su orden (ley

   24.463: 21) y difirió la regulación de honorarios.

   3. El 3 de febrero del corriente apeló la parte actora, quien se agravia de que la sentencia:

   a) omite expedirse acerca de la inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.609; b) dispone la

   aplicación de la tasa pasiva; y c) impone las costas por su orden.

   En el mismo escrito, la parte actora funda la apelación concedida con efecto diferido,

   solicitando se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.541 y de los decretos dictados en

   consecuencia.

   4. El 6 de febrero apeló la Administración Nacional de la Seguridad Social, quien se

   agravia de que la sentencia difiere para la etapa de liquidación el tratamiento de las clausulas por las

   que se fijan topes máximos.

   5. Surge de las presentes actuaciones que la actora obtuvo su beneficio previsional de

   pensión con fecha 2/10/2014 derivado del beneficio adquirido por el Sr. Pitto el 14/7/1986 bajo el

   régimen de la ley 18.037.

   6. Deviene imperioso ahora examinar los agravios planteados por la parte actora en

   relación a las pautas de movilidad que resultan aplicables al beneficio de autos.

   La parte procura la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 27.426, 27.541 y

   27.609.

   En primer término deviene imperioso señalar que es doctrina del Superior Tribunal que la

   declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de gravedad institucional que debe ser

   considerada la última ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 292:190; 302:457, entre otros)

   Asimismo, resulta pertinente destacar que la movilidad jubilatoria, como todo derecho

   constitucional, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan y en armonía con los

   demás derechos individuales y atribuciones estatales establecidas con igual jerarquía por la misma

   Ley Fundamental (Fallos: 308: 2246).

   Fecha de firma: 27/04/2023

   Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.A., Secretaria Federal #34059864#365879566#20230424091847125

   Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 11877/2019/CA1 – S.I.–.S.. Previsional Debe señalarse también que no existe un derecho adquirido a mantener en el tiempo una

   determinada fórmula de movilidad jubilatoria, toda vez que ésta puede mutar de conformidad con la

   evolución de diversas variables coyunturales (v. CSJN, “C., C. c/Anses s/Reajustes por

   movilidad

   , sent. del 24/4/2003, “Brochetta, R.A. c/Anses s/Reajustes por movilidad”,

   sent. del 8/11/2005 y “A.A.D. c/Anses s/Acción declarativa”, sent. del 30/5/2006,

   entre otros), siempre que, claro está, ese cambio de formula no implique confiscatoriedad en los

   haberes o regresividad en los derechos.

   Entonces bien, en primer término, y en relación al pedido de inconstitucionalidad de la ley

   27.426, entiendo que analizando el desenvolvimiento del haber de la actora, la normativa no resulta

   cuestionable.

   Entrando a analizar la constitucionalidad de la ley 27.541 que declaró la emergencia

   pública en materia previsional y suspendió la aplicación de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la

   ley 24.241, y los decretos dictados en consecuencia, entiendo imperioso remitir a las consideraciones

   vertidas en la causa “M., E.R., c/ Anses, s/ Reajustes varios”, debiendo la

   administración integrar el haber previsional de la parte actora del mes de diciembre de 2020 con la

   USO OFICIAL

   diferencia habida entre el aumento por movilidad que haya percibido el beneficio y el 42,13% que

   hubiera correspondido por aplicación de la suspendida ley de movilidad 27.426, modificatoria del

   art. 32 de la ley 24.241.

   Finalmente, y en relación a la ley 27.609, teniendo en consideración que durante el período

   de aplicación de la norma no se ha comprobado que la fórmula produzca una afectación tangible a la

   movilidad de los haberes de la demandante, corresponde estarse a su constitucionalidad.

7. En punto a la aplicación de los topes máximos previstos normativamente, cabe destacar

   que la a...