Editorial

Páginas:15-32
 
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Editorial
Con la satisfacción de poder editar el sexto número de
nuestra revista, iniciando un nuevo año, compartiremos en
estas pocas páginas algunas reflexiones relativas a cuestiones
relevantes del quehacer jurídico y social de la Argentina y de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
En pocos días, el 24 de marzo, recordaremos los 42 años
transcurridos desde el último golpe cívico militar, con el cons-
tante reclamo popular de memoria, verdad y justicia; y con
el sinsabor de vivir en nuestro país el posible otorgamien to
del beneficio de prisión domiciliaria –a instancias del Poder
Ejecutivo Nacional– a más de mil condenados por terribles vio-
laciones a los derechos humanos durante la dictadura iniciada
en 1976. El gobierno promovió esta medida desde el Servicio
Penitenciario Federal, mediante la confección de un listado
de 1.111 represores candidatos a continuar sus condenas en
sus domicilios, incluyendo entre los beneficiados a Alfredo
Astiz, condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa
humanidad cometidos en Escuela de Mecánica de la Armada.
Será decisivo, para el sostenimien to del estado de derecho, la
esperada negativa por parte de los jueces que tienen a cargo
supervisar el legal cumplimien to de las penas por parte de
cada condenado en juicio. Y de ser necesario, el pueblo nue-
vamente tendrá que defender la democracia manifestándose
pacíficamente en las calles, como ya lo hizo frente al fallo de la
Corte Suprema que habilitó el beneficio del dos por uno para
represores y genocidas.
La violación a los derechos humanos por parte de las
fuerzas policiales y de seguridad hoy se manifiesta a través de
conocidas prácticas como la represión de manifestaciones
populares y el gatillo fácil.
El 8 de diciembre pasado, un policía vestido de civil que se
dirigía a su lugar de trabajo, persiguió y disparó con su arma
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reglamentaria a un joven que, junto a otro cómplice, acaba de
cometer un violento robo contra un turista extranjero en el
barrio de La Boca. Se trata de Luis Chocobar, integrante de la
policía local de Avellaneda, quien declaró que debió actuar de
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seguridad, se supo fehacientemente que Chocobar mintió. El
delincuente fue baleado por la espalda cuando huía desarmado
y sin representar ningún peligro para el policía ni para terceros.
A los pocos días el joven falleció producto de los impactos de
bala que recibió esa mañana. Hasta ahí, estamos ante un lamen-
table supuesto de gatillo fácil.
Pero el caso adquiere ribetes impensados cuando Chocobar
es recibido como un héroe por el presidente de la Nación en
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como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que
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tica felicitación de Mauricio Macri al policía que había matado
por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc. Ahora bien, el caso
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muerte sumarísima librada al criterio del funcionario policial
actuante. El discurso y los gestos desplegados por el Gobierno
en este caso, son de altísimo riesgo y atentan contra una
sociedad democrática. Nunca se había llegado a tal punto de
generar un aval tan explícito por parte del Poder Ejecutivo a un
accionar policial que resulta completamente ilegal y repudiable.
No debemos olvidar que, en general, las fuerzas de seguridad
son muy sensibles a estas señales del poder político las que
lamentablemente están dando lugar a otros casos de ejecucio-
nes extrajudiciales.
Las autoridades construyeron discursivamente una –llamada
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fuerzas policiales, que se asienta en la premisa que afirma que
el obrar del Estado se presume legítimo, concluyendo entonces
que cualquier cosa que haga un policía es legal, hasta que se
acredite lo contrario. Este razonamien to es falaz. La presunción
REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN
| Año 3 Nº 6 | Verano 2017 / 2018

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