Diferencias por el origen del convento de la polémica

El monasterio de General Rodríguez, elegido por el ex funcionario kirchnerista para intentar ocultar US$ 9 millones, está inscripto desde diciembre de 1999 en el registro oficial de cultos como un Instituto de Vida Consagrada. Ello se contrapone con la figura de "asociación privada de fieles", que le había asignado el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, cuando se desató el escándalo.

"La diferencia es importante, porque un instituto de vida consagrada tiene una dependencia directa del obispado, mientras que en el caso de una asociación privada de fieles, el arzobispado sólo tiene un deber de vigilancia", explicó a LA NACION una fuente cercana a la Secretaría de Culto de la Nación.

El trámite para registrar el Monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima fue iniciado en 1994 ante la Dirección General de Cultos por el entonces obispo de Avellaneda, monseñor Rubén Héctor Di Monte. En el expediente figura la creación como un Instituto de Vida Consagrada de Derecho Diocesano y se da por acreditado su "carácter de persona jurídica pública dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana".

La aprobación del trámite demoró cinco años y concluyó con la resolución 230/99, firmada por el entonces subsecretario de Culto, Luis Roldán, en los tramos finales del gobierno de .

Previamente, en 1996, el entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich, firmó un decreto diocesano, por el cual le dio al monasterio cobertura legal en la diócesis, lo que le dio un aval significativo para su registro oficial. "La propia Iglesia pidió ese estatus y la Secretaría de Culto lo avaló con el respaldo del decreto diocesano", explicó una fuente del organismo. Aclaró, así, que "la Secretaría de Culto sólo interviene para su inscripción en el registro oficial. La construcción y habilitación del monasterio requiere de otros permisos en la jurisdicción municipal".

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