Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 16 de Mayo de 2023, expediente FSA 016049/2018/CA001
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II - SECRETARIAPREVISIONAL 2 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II
CORREJIDOR, DANIEL ENRIQUE
c/ ANSeS s/ REAJUSTES VARIOS
EXPTE Nº FSA 16049/2018/CA1
JUZGADO FEDERAL Nº 1 DE SALTA
Salta, 16 de mayo de 2023.
VISTO
Y CONSIDERANDO:
1) Que vienen las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social y por la parte actora en contra de la sentencia del 26 de septiembre de 2022 que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por D.E.C. en contra de la Administración y ordenó el recálculo de las prestaciones integrantes del haber inicial actualizando las remuneraciones devengadas hasta el mensual febrero de 2009 según el ISBIC y las posteriores con el índice del art. 2 de la ley 26.417 y sus modificatorias hasta la fecha de adquisición del derecho. Para ello tuvo en cuenta que el actor adquirió el derecho al beneficio de jubilación ordinaria -PBU-PC-PAP- el 7/7/2014 bajo el amparo de la ley 24.241.
Para el reajuste por movilidad del beneficio, ordenó la aplicación de la ley 26.417 hasta marzo de 2018 inclusive, con posterioridad y hasta diciembre de 2019 deberá estarse a la movilidad contemplada en la ley 27.426.
A partir de la sanción de la ley 27.541 ordenó que correspondía la aplicación de pautas dadas en los precedentes “Caliva” y “M.” de esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II
Estableció el pago de las sumas que en concepto de retroactivos se determinen en la etapa de liquidación, desde el 7/7//2014 más intereses según la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago.
Difirió para la etapa de liquidación la valoración de la procedencia del recálculo de la Prestación Básica Universal de conformidad con los alcances ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Q.C.A. fijando pautas para su actualización, así como el análisis de la procedencia de la tasa de sustitución.
Dejó aclarados los criterios a adoptarse en torno a los distintos topes (arts. 9 y 25, 24 y 26 de la ley 24.241, art. 14 de la Resolución SSS 6/2009).
Reservó el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 9 inc. 3° para la etapa de liquidación y rechazó la petición de actualización monetaria.
Determinó que el pago y reajuste ordenado se cumpla en el plazo de 120
días hábiles conforme lo dispuesto en el art. 22 de la ley 24.463 modificado por el art. 2 de la ley 26.153, difirió la regulación de honorarios para el momento en que se encuentre determinado el monto del proceso e impuso costas por su orden.
2) Que el organismo previsional se quejó de la pauta ordenada por el juez de grado para la actualización de las remuneraciones según el índice ISBIC
aplicando el precedente “Elliff” e instó por la aplicación del índice RIPTE
previsto en la ley 27.260, decreto 807/2016 y Resolución ANSES 56/2018.
Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
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En cuanto a la Prestación Básica Universal entendió que no corresponde que sea ajustada o recalculada con métodos extraños a los definidos por la ley 26.417 y menos aún diferida para la etapa de ejecución.
Sobre tasa de sustitución, opinó que no solo se aparta de lo que establece el régimen legal aplicable, sino que además implica que el Poder Judicial fije pautas de política pública, lo cual excede la competencia que la Constitución Nacional le asigna y pone en riesgo las finanzas públicas.
Al referirse a la movilidad, cuestionó que los ajustes se practiquen hasta marzo de 2018 según la ley 26.417 sin tachar expresamente la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426.
Por otro lado, subrayó que el juez de grado, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, decidió dejar sin operatividad a la ley 27.541
y sus decretos reglamentarios aplicando la ley de alquileres –27.551- lo que,
según arguyó, afecta la sustentabilidad del sistema.
Controvirtió la inconstitucionalidad del tope establecido en el art. 24 de la ley 24.241 y la declaración de inaplicabilidad del art. 14 de la Res. SSS6/09 y en igual sentido, reprochó la inconstitucionalidad decretada con respecto al art.
26 de la ley 24.241.
Se apoyó en la jurisprudencia y mantuvo la reserva de concurrir ante la instancia extraordinaria.
3) Que por su parte, el accionante se agravió de lo resuelto en torno a la movilidad sosteniendo que el juez debería haber analizado el tema a través del prisma de los principios basales sentados en “Caliva”, pero para el periodo 2018 a 2022, donde la jubilación perdió contra el ripte-mal medido y contra la Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
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inflación y no logró mantener el nivel adquisitivo, por cuanto en cada una de las sucesivas reformas hubo una quita en los haberes de los jubilados.
Cuestionó lo resuelto respecto a la Prestación Básica Universal,
específicamente de la metodología establecida para determinar la confiscatoriedad, peticionando que la comparación de la incidencia porcentual se realice sobre el haber de caja. Solicitó además que demostrada no se tolere el 15% de quita. Por ello requirió que se declare la inconstitucionalidad del art. 4
de la ley 26.417 que estableció un monto fijo para la PBU produciendo una merma significativa en su haber que afecta la integralidad del haber y contraria los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación.
Recriminó la distribución de las costas por el orden causado. A tales fines peticionó la inconstitucionalidad del Dto. 157/18 y la ley 26.122 por ser contraria a los arts. 14 bis, 16, 17 18 y 28 de la Constitución de la Nación y se decida la cuestión según los principios generales establecidos en el ordenamiento procesal.
Asimismo, en relación al tope del art. 9 inc. 3° de la ley 24.463, se quejó
del diferimiento de su tratamiento para la etapa de ejecución. Agregó que el monto fijado como haber máximo debería seguir las pautas de movilidad.
En lo referente a la tasa de interés moratorio, aludió que, si bien el juez de primera instancia ha seguido la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Spitale”, no puede obviarse que las situaciones fácticas cambiaron y en el caso ello no cubre el daño patrimonial derivado del retardo, en consonancia con la hipótesis sentada en el plenario “S.” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, cuya aplicación solicitó al caso.
Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
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Por último, objetó también que la sentencia de grado haya rechazado la actualización monetaria de las sumas a abonarse como retroactivo toda vez que la desvalorización que sufrió la moneda torna confiscatorio todo pago que no la compute. En consecuencia, pidió la declaración de inconstitucionalidad del art.
7 de la Ley Nº 23.928, con las modificaciones introducidas por la 25.561, art.
4°.
Citó jurisprudencia en apoyo de su tesitura e hizo reserva del caso federal.
4) Corrido el traslado de ley, solo contestó la parte actora solicitando el rechazo del recurso de la demandada. Seguidamente se llamaron autos para resolver.
5) Que no se encuentra controvertido en autos que Sr. C. adquirió
el derecho a su beneficio previsional -jubilación ordinaria- el 7/7/2014 bajo el régimen de la ley 24.241.
En cambio, el organismo previsional, discute la actualización de las remuneraciones a los fines del recálculo del haber de origen. Al respecto, se advierte que lo dispuesto por el juez de grado respecto al índice aplicado (ISBIC) resulta sustancialmente análogo a lo examinado por esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el antecedente “G., M. c/
Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Reajustes Varios” Expte. N°
51000652/2010”, sentencia del 31/07/2018, y “D.C., Fátima Sorka c/ANSeS s/ Reajustes Varios”, Expte. Nº 2473/2016, sentencia del 04/12/2018,
por lo que -en honor a la brevedad- corresponde remitirse a los fundamentos Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
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allí vertidos (www.cij.gov.ar), que pasan a formar parte del presente resolutorio.
A su vez, concuerda con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “B., L.O., CSS 42272/2012, sentencia del 18 de diciembre de 2018, donde, por voto mayoritario, se confirmó la aplicación al caso del precedente “Elliff” y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSES No 56/2018 y de la Secretaria de Seguridad Social Nº 1/2018. Además, ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que en un plazo razonable se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en cuestión, disponiendo que hasta tanto se sancione la ley se aplicará
el criterio judicial emergente del presente caso a las causas judiciales en trámite.
6) Sobre el reajuste de la PBU, esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse reiteradamente, siguiendo el criterio establecido por la CSJN en la causa “Q. y definiendo, además, que el índice aplicable para su recálculo debía ser el mismo que se emplea para la redeterminación de la PC y PAP -a efectos de evitar...
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