Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Diciembre de 2016, expediente FMZ 023044290/2009/CA001
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2016 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A |
Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 23044290/2009 CHIRINO JAVIER ALEJANDRO Y OTS C/ ENA MINISTERIO DE DEF EJERCITO ARG En Mendoza, a los catorce días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis,
reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, D.. J.A.G.M.,
H.F.C. y C.A.P., procedieron a resolver en
definitiva estos autos Nº FMZ 23044290/2009/CA1, caratulados: “CHIRINO
JAVIER ALEJANDRO Y OTS C/ ENA MINISTERIO DE DEF
EJERCITO ARG S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS”, venidos del Juzgado Federal de
Mendoza nº 2, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 293 contra
la resolución de fs. 290/292 y vta., cuya parte dispositiva se tiene aquí por
reproducida.
El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:
E ¿Debe modificarse la sentencia de fs. 290/292 y vta.?
De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C
y Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se
procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: D..
C., G.M. y P..
Sobre la única cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara Dr.
H.F.C., dijo:
-
La sentencia cuya parte dispositiva ha quedado transcripta
precedentemente ha venido a esta Alzada en virtud del recurso de apelación
impetrado por la parte demandada a fs. 293 y fundado a fs. 301/305.
-
La presente causa tiene su génesis con la acción
contencioso administrativa impetrada por el Sr. J.A.C. y
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sueldo del haber mensual las sumas correspondientes a los incrementos
dispuestos por los decretos 1104/05; 1095/06; 871/07; atento al régimen legal y
constitucional vigente (ley 19.101); b) se declare la inconstitucionalidad del
Decreto 1081/05 y en consecuencia se ordene abstenerse de aplicar la reforma
introducida en el art. 2401 de la ley 19101; c) se declare la inconstitucionalidad
del art. 10 de la ley 525.453 y en virtud de ello se ordene no aplicar la reforma
introducida en el art. 34 de la ley 24.156 en la medida que la misma afecte en
cualquier forma los haberes de su mandante.
Superadas las etapas subsiguientes, la Sra. juez de grado dicta
sentencia a fs. 290/292 y vta., haciendo lugar en todos sus términos a la
demanda entablada, con costas a la demandada vencida.
Contra este decisorio es que se alza el Estado Nacional a fs.
293.
-
El Dr. J.A., en representación de la quejosa,
comienza sus agravios cuestionando la sentencia de primera instancia por
entender que la misma importa un desconocimiento de las normas que regulan
la misión y naturaleza de las fuerzas armadas.
Señala que el fin de las normas en análisis es el incrementar los
suplementos y compensaciones creados por el decreto 2769/93 y la Resolución
MD 1459/93 como suplementos particulares, hace un análisis de los decretos
cuestionados, de las normas que regulan al personal militar y de la
jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(“V.O.”), por ultimo solicita la aplicación del fallo del Alto Tribunal
Z.
y del decreto 1305/12 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se agravia también, en cuanto la sentencia ordena calcular, un
interés igual al correspondiente a la tasa activa que cobra el Banco de la
Nación Argentina por sus operaciones de descuento de documentos
comerciales, solicitando la aplicación de la tasa pasiva que publica el BCRA.
Hace reserva del Caso Federal y solicita la revocación de la
sentencia en crisis, con expresa imposición de costas a la actora.
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misma contesta a fs. 307/309 y vta. solicitando que se decrete la deserción del
recurso de apelación con imposición de costas, expresando argumentos que
doy por reproducidos en honor a la brevedad.
-
Luego de evaluadas las constancias de autos, como así
también las razones esbozadas por la recurrente y el juzgador, estimo que
corresponde confirmar la sentencia impugnada.
Ingresando al análisis de las cuestiones propuestas por la
apelante, advierto que en fecha 15 de marzo de 2011; con posterioridad a la
jurisprudencia que el Dr. A. pretende se tenga en cuenta; la Corte
Suprema resolvió una causa análoga a la presente in re “S., P.Á. y
otros c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ amparo”, fundamentos que
son de aplicación al caso en estudio.
Aunque es sabido que las sentencias del tribunal sólo deciden
en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan
obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de
conformar sus decisiones a las emitidas por el Máximo Tribunal (Fallos: t.
307, p. 1094 Rev. LA LEY, t. 1986Ap. 179). Ello es así, toda vez que por
disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley
reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la
República (art. 100 Constitución Nacional y 14 ley 48; Fallos: t. 212, p. 51 –
Rev. LA LEY, t. 54, p. 308). Este deber de los tribunales inferiores no importa
la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la
Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y en consecuencia
la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha
jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (Fallos
212:51).
En el precedente que se estima de aplicación al caso, la misma
Corte Suprema admite que debe fijar una doctrina susceptible de dar una cabal
y concreta respuesta a la problemática planteada en autos, la que se repite en
una importante cantidad de causas en trámite ante esa Corte y las instancias
anteriores (considerando 4º in fine “S.”).
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administrativa iniciada por personal retirado del Ejército Argentino a fin de
que se declare la inconstitucionalidad de los Decretos 1104/05, 1095/06,
871/07, toda vez que los mismos vulneran sus derechos de propiedad,
contradicen el principio de supremacía de las normas emanadas del Congreso
de la Nación (art. 31 C.N.) y quebrantan la máxima según la cual el Poder
Ejecutivo debe reglamentar las leyes sin alterar su espíritu, entre otras
garantías constitucionales.
El tema central es el relativo a si los suplementos creados a
través de los decretos 2769/93 adquirieron el carácter general a través del
dictado de decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo
Nacional a partir del año 2005. Al respecto la Corte Suprema reconoce en el
fallo citado supra que “… los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y
751/09 a través de sus artículos 1º a 4º sustituyeron e incrementaron en
diferentes proporciones los suplementos y compensaciones creados por el
decreto 2769/93. Por su parte, mediante el artículo 5º del decreto 1104/05 se
creó un suplemento denominado “adicional transitorio” no remunerativo y no
bonificable, cuyo cálculo era equivalente al 23 % del “salario bruto mensual”
o a la diferencia entre dicho porcentaje y el incremento del suplemento o
compensación del decreto 2769/93 que percibiera el agente, de manera tal que
cada uno de los agentes de la totalidad del personal militar en actividad
percibiera, al menos, un 23 % respecto del “salario bruto mensual”.
También resalta el Máximo Tribunal en el inciso 6º) “Que,
mediante la creación de similares “adicionales transitorios”, los decretos
1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 garantizaron incrementos de, al menos, el
19 %, 16,50 %, 19,50 % y 15 % de los salarios brutos mensuales de todo el
personal militar en actividad para los años 2006, 2007, 2008 y 2009,
respectivamente; guarismos que, sumados de manera acumulada sin la
incidencia que puedan tener en otros elementos que componen la retribución
del personal militar, permiten estimar a la fecha un aumento del 140,48 %
respecto del salario bruto mensual del mes de junio de 2005”.
Concluyó al respecto el Superior Tribunal en el considerando
11) “Que, en el caso, no resulta dudosa la naturaleza general de los
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