Verdad, violencia y prácticas sociales de exterminio en América Latina Parte II

 
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Que, en la República del Uruguay, los hechos se perpetraron en colaboración con autoridades argentinas en un contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la Operación Cóndor 56.

Que, luego del período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de “Medidas Prontas de Seguridad”, e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional28, el 27 de junio de 1973 el Presidente electo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras y llevó a cabo un golpe de Estado, dando inicio a un período de “dictadura cívico-militar”30 que se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985 y en el que se implementaron “formas cotidianas de vigilancia y control de la sociedad y, más específicamente, de represión a las organizaciones políticas de izquierda” 57.

Que, en la década de los años 1970, se establecieron operaciones transnacionales en la región con el fin de eliminar a los grupos guerrilleros, en el contexto de una campaña contrainsurgente que justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites territoriales, aunque ya en 1960, se había creado la Conferencia de los Ejércitos Americanos, una organización de seguridad hemisférica inspirada en la “doctrina de la seguridad nacional”, que se reunía en sesiones secretas para discutir posibles estrategias y acuerdos de actividades conjuntas 58.

Que, en febrero de 1974 se realizó una reunión en Buenos Aires con la participación de oficiales de seguridad policial de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en lo que serían las primeras conversaciones para el establecimiento de un plan de cooperación encubierta36. Más tarde, ese mismo año, se comenzó a discutir la idea de crear una red continental de información anti-comunista 59.

Que, para noviembre de 1975, la cooperación de inteligencia militar se concretó aún más con la formalización de la denominada “Operación Cóndor”, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía.

Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las “cúpulas de los gobiernos de hecho”9, y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil 60.

Que, el plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa 61.

Que, esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor 62.

Que, hacia 1977 se dieron también operaciones de colaboración entre Paraguay, Argentina y Uruguay y, a fines de ese año, se dio inicio a una segunda ola de represión coordinada por elementos militares argentinos y uruguayos, operativos dirigidos esta vez mayormente contra grupos de izquierda que tenían vínculos en ambos países, dándose nuevamente traslados de prisioneros en avionetas militares de ambos países y repetidos intercambios de detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos hasta la actualidad 63.

LOS NIÑOS COMO VICTIMAS

Uno de los aspectos más crueles de este mecanismo de violencia, destinado a destruir y reorganizar relaciones sociales, es el relacionado con la victimización de niños y niñas.

Es un hecho histórico comprobado que, aproximadamente desde 1980 hasta 1991 El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno, durante el cual se configuró el fenómeno de las desapariciones forzadas de personas 64.

En mayo de 1996 la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (Asociación Pro-Búsqueda o Pro- Búsqueda) interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por la supuesta desaparición de 145 niños y niñas durante el conflicto armado de El Salvador 65.

Ante la CorteIDH, el Director de la Asociación Pro-Búsqueda rindió un testimonio que, sintetizado expresa...durante el conflicto armado en El Salvador existió un patrón sistemático de desaparición de niños durante los operativos militares…La Fuerza Armada y las instituciones humanitarias que tenían a los niños no hicieron nada por encontrar a los familiares de éstos, se los llevaron a orfanatos y a cuarteles o los `vendían en adopción'. Bastaba que un juez declarara al niño en estado de abandono material y moral para que autorizara la adopción. Estas adopciones estaban basadas en la mentira de la orfandad y el abandono. En el extranjero han encontrado 126 niños, en 11 países de América y Europa. Todos ellos se han nacionalizado como ciudadanos del país en el que residen y casi todos no hablan su idioma materno...En agosto de 1994 se creó la Asociación Pro-Búsqueda. Hasta septiembre de 2004 había logrado resolver 246 solicitudes de búsqueda y le quedaba por resolver 475 casos. Conoce más de 40 casos de niños que desaparecieron durante el conflicto armado que están en casas de oficiales de la Fuerza Armada; era vox populi que en los cuarteles se regalaban niños 66.

La Asociación Pro-Búsqueda ha recibido alrededor de 721 solicitudes de búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, de las cuales ha resuelto aproximadamente 246. Ha encontrado niños y niñas en distintas situaciones: integrados en una familia en El Salvador y en el extranjero, ya sea mediante adopciones dentro del sistema judicial (adopciones formales) y adopciones de facto o apropiaciones por civiles y militares; que crecieron en orfanatos o en instalaciones militares, y conoció de 12 casos de niños y niñas que fueron asesinados. Ha encontrado niños y niñas en El Salvador y en otros once países de América y de Europa. Pro-Búsqueda investiga 126 casos de adopciones en el extranjero, así como casos de presuntas víctimas de tráfico ilegal de niños y niñas 67.

Casi la mitad de los jóvenes localizados por Pro-Búsqueda habían sido adoptados por familias en el extranjero, por lo que habían perdido su nacionalidad, costumbres y tradiciones, y según el país de sus padres adoptivos también habían perdido su lengua materna. Para estos jóvenes es muy difícil la asimilación y el reencuentro con su familia biológica. La búsqueda, la localización, el encuentro de los niños y niñas desaparecidos, así como el proceso de reintegración familiar en el caso de que culmine con éxito dicha búsqueda, suponen un fenómeno complejo para la construcción de la vida y la identidad de las personas encontradas y de sus familias. Los niños y niñas reencontradas y sus familias sufren traumas y conflictos de identidad. Además, en muchos casos, como mecanismo de defensa ante el sufrimiento y los cambios a los que se vieron sometidos, las personas reencontradas evitan el involucramiento emocional 68.

En la Argentina, la dictadura cívico-militar que gobernó desde 1976 a 1983, implementó la "desaparición", que afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, entre ellas a centenares de criaturas secuestradas con sus padres o nacidas en los centros clandestinos de detención a donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas 69.

Las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción y apropiación de niños y niñas, varios de ellos recién nacidos o nacidos en cautiverio, donde una vez ejecutados sus padres, los niños eran entregados a familias de militares o policías 70.

La jurisprudencia argentina ha señalado en varias resoluciones que, “en el período del auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, se sustraían menores [de edad] de la esfera de custodia de sus padres [y que esa práctica constituía un] hecho público y notorio57”. Las mujeres embarazadas detenidas en el marco de las operaciones de contrainsurgencia eran mantenidas vivas hasta que dieran a luz para después sustraer sus niños y desaparecerlas, mientras que, en numerosos casos, los niños y niñas eran entregados a familias de militares o policías, luego de que sus padres fueran desaparecidos o ejecutados 71.

La...

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