Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 3, 1 de Marzo de 2017, expediente CSS 046691/1999/CA001

• Fecha de Resolución: 1 de Marzo de 2017
• Emisor: Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 3

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3 SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE NRO: 46691/1999 AUTOS: “VIANO ATILIO DANTE c/ ANSES s/EJECUCION PREVISIONAL”

Buenos Aires, EL DR. NÉSTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.

Vuelven las actuaciones a conocimiento del tribunal con motivo del recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 217, concedido a f. 218 y fundado en el memorial de fs.

219/221, cuyo traslado fue contestado a fs. 223/224, contra la resolución de fs. 203, que tras el fracaso de reiterados requerimientos de cumplimiento (fs.135, 152 y audiencia de fs. 202), dispuso trabar embargo hasta cubrir la suma de $245.464,96.

II.

En primer lugar he de señalar que han de ser desestimadas por inaplicables al caso de ejecución de sentencia las argumentaciones basadas en la ley 26854, relativa a las medidas cautelares en las que es parte o interviene el Estado Nacional.

III.

Pues bien, la cuestión a resolver guarda relación con la derogación de la cláusula de inembargabilidad del art. 23 de la ley 24463 dispuesta por el art. 1 de la ley 26153 y el USO OFICIAL alcance que, en el contexto actual, corresponde atribuir al art. 19 de la ley 24624, según el cual, “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PÚBLICO NACIONAL,… son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte… su libre disponibilidad…”

En este orden de cosas es oportuno señalar que la jurisprudencia negó valor absoluto al mentado art. 19, visto que aquel no se compadece con la correcta hermenéutica que cabe atribuir al mismo, conforme lo sostenido por la C.S.J.N. el 16.9.99 (FALLOS 322:2132, CAUSA “G., César Augusto c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/cobro de Seguro), pues éste último fue sancionado “para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones del Estado evitando el desvío de los recursos presupuestarios y los trastornos consiguientes que en la economía del sector público pueda producir tal desvío”, siendo su propósito “…evitar que la administración pueda verse situada por imperio de un mandato judicial perentorio en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la administración. Sin embargo, de ello no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales”, debiéndose interpretar el art. 19 de la ley 24624 “...de modo tal que armonice con los principios y garantías consagrados por nuestra Ley Fundamental y con el resto del ordenamiento jurídico”.

En esa dirección, el Tribunal Superior agregó que art. 22 de la ley 23982 impuso al PEN “el deber de comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1.4.91 que carezcan de créditos presupuestos para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento, al tiempo que autoriza al acreedor a ejecutar su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que deberá haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”. Por lo demás, también señaló que “el art. 20 de la ley 24624 dispone que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional a cualquiera de sus organismos y...