Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 30 de Junio de 2023, expediente CIV 031710/2015/CA002
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2023 |
| Emisor | Camara Civil - Sala D |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D
31710/2015
VAZQUEZ RAMIREZ, L.A. c/
MACHICOTE, J.R. Y OTROS s/DAÑOS Y
PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)
Buenos Aires, de junio de 2023.- MS
Y VISTOS. CONSIDERANDO:
Han sido elevadas las presentes actuaciones para el tratamiento del recurso deducido a fojas web 490/490, por el Dr. J.M.A., -letrado apoderado de la actora-, contra la resolución de fojas web 483/483, mediante la cual se rechazó el planteo de inconstitucionalidad interpuesto y se admitió el prorrateo dispuesto por el art. 730 del CCyCN.
A fojas digital 500/505, se fundó el recurso. En primer lugar, cuestiona el apelante, que no se admitiera el pedido de inconstitucionalidad del art. 730 del CCyCN, y en subsidio de confirmarse la resolución recurrida, plantea que la liquidación practicada oportunamente sea actualizada con los intereses que han sido devengados desde entonces.
El señor Fiscal General dictaminó a fojas web 523/525, entendiendo que de comprobarse que exista una cuantía cuya resultante sea en definitiva confiscatoria para la interesada, considera procedente decretar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
El Dr. R. dijo:
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
según ley 26.994, reproduce en el art. 730 la solución incorporada al art.505 del Código derogado mediante la ley 24.432, que impone un límite al pago de las costas del pleito, judicial o arbitral, derivado del incumplimiento del deudor (conf. M., J.F. en “Código Civil y Comercial”, dirigido por el Dr. R.L.,
páf. 27).
En orden a la cuestión que se debate, y expuestas las consideraciones que anteceden, cabe señalar que como magistrado de Fecha de firma: 30/06/2023
Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.C., JUEZ
Firmado por: J.B.F., JUEZ DE CAMARA
esta Sala que integro como vocal titular, ya me he expedido sobre el tema, declarando, la inconstitucionalidad de la norma, sin distinción alguna.
No se desconoce que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. C.S.J.N., Fallos 315:923).
Tampoco que se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (conf., C.S.J.N. Fallos 316:2624), y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Ley Fundamental si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de menor jerarquía (conf., C.S.J.N., “in re” “Mitivie, C.M. c/ Estado Argentino –Ministerio de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y Pensiones Militares, noviembre 23-1989, Fallos 312:2315).
Entonces, “la declaración requiere no sólo la aserción de que la norma impugnada causa agravio, sino también la expresa demostración de tal agravio, que sirva de fundamento a la impugnación en el caso concreto” (Conf. CS, 9-4-81, “A. de C.A. y ot. c/Herminda B,; ídem 30-4-81, Falcon J.I.
c/Gobierno Nacional).
Sentado ello, y por aplicación de lo dispuesto por el art.
730 del Código Civil y Comercial de la Nación, las partes condenadas en costas se encontrarían exentas de abonar lo que exceda del 25% del monto de la sentencia y, como lógica consecuencia, los letrados ahora apelantes, quienes trabajaron y cuya retribución fue fijada conforme a las pautas arancelarias vigentes, verían mermados sus ingresos en virtud de la limitación establecida, lo que claramente atenta contra el derecho de propiedad y el carácter alimentario de los estipendios.
Lo expuesto comporta lisa y llanamente -según mi entender- una disminución de la retribución profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción, invadiendo potestades propias de las diversas provincias que se reservaron atribuciones Fecha de firma: 30/06/2023
Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.C., JUEZ
Firmado por: J.B.F., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D
exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de distintas profesiones (art. 121 Constitución Nacional), lo que pone en evidencia su manifiesta inconstitucionalidad en tanto conculca lo preceptuado por los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la C.N.
Como lo sostiene U., “hacer soportar el abono de ese segmento (referido al porcentaje del 25%) a la parte que tenía razón,
defendió su derecho y debido a la actitud de su contraria se vio impulsada a promoverle un juicio que ganó con costas, resulta manifiestamente repugnante al más elemental concepto de lo que es justo, más todavía si se piensa que correlativamente a esa carga extra que se vería compulsado a asumir el triunfador se apoyaría en la liberación graciosa del deudor incumplidor” (Ure, C.E., “La Corte y el tope del 25%...”, L.T.2., pág. 95).
Entonces, “en cuanto a sus consecuencias, la transgresión constitucional aparece idéntica, tanto si se entiende que el actor triunfador en costas debe abonar una porción de éstas, que no podrá repetir del vencido, como si se concluye que el letrado que lo defendió, cuyo trabajo es oneroso, debe ser privado de un segmento del emolumento que le corresponde según el Arancel. La existencia de un crédito por honorarios, frente a la inexistencia de un deudor para cancelarlo, por presunta imposibilidad legal, genera una indudable lesión al derecho de propiedad de los profesionales afectados”.
(“Honorarios mínimos y prorrata”, ED, 172-1069).
En definitiva, y para concluir “el control de constitucionalidad no sólo abarca los supuestos en que las normas derivadas son manifiestamente contrarias a las disposiciones de la Carta Magna, sino que además permite su ejercicio cuando aquellas resultan irrazonables, esto es, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o, cuando consagran una manifiesta inequidad” (CNCiv., S.L., “C., J.C.c.. P.. Bogotá 356, esq. A. y otros s/daños y perjuicios, Expte. N° 41.430/2008, del 5 de junio de 2017, ampliación de la Dra. P.P.).
En suma, y por los fundamentos que anteceden,
corresponde modificar la resolución de fojas web 483/483, y declarar la inconstitucionalidad del art. 730 del CCyCN.
Fecha de firma: 30/06/2023
Firmado por: G.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.C., JUEZ
Firmado por: J.B.F., JUEZ DE CAMARA
En cuanto al segundo agravio, relativo a la base de liquidación tomada en cuenta para realizar el prorrateo, diré que deviene abstracto su tratamiento en atención a la solución propuesta.
Las costas de...
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