Subsidios y emergencia agropecuaria

Es motivo de debate la justificación o no del reclamo de las entidades agropecuarias por obtener ayuda estatal frente a la emergencia ocasionada por la sequía.En sustento de su pedido, los representantes de campo refieren a los otros casos de contribuciones gubernamentales a los damnificados por catástrofes naturales, lo que también es de uso en otros países. También alegan que el agro en la Argentina está sometido a gravámenes sustancialmente más pesados que los que obligan a otras actividades.El pago de retenciones a la exportación, entre otros impuestos, determina que el fisco se quede con una parte significativa del negocio agropecuario. Se dice por lo tanto que, si el Gobierno participa de esa forma en las buenas, es justo que aporte en las malas.Frente a estos argumentos se contrapone el principio de que todo inversor que encara una actividad empresaria debe conocer los riesgos que ella conlleva. Si esa actividad es el agro y está sometida a una elevada carga tributaria, es un dato de inicio que además reduce el valor de la tierra y ha facilitado la entrada en el negocio. Si hay contingencias naturales que aumentan el riesgo, como es el caso de las sequías, también deben estar previstas o bien deben asegurarse.Este enfoque de la cuestión quita fundamentación a los pedidos de subsidios con motivo de sequías, granizo, heladas, pestes u otros fenómenos que periódicamente producen pérdidas de cosechas o mortandad de ganado. Hay que tener en claro que los fondos con que el Estado otorga subsidios no vienen del cielo, sino del bolsillo de quienes pagan impuestos explícitos o sufren el impuesto inflacionario.Con bastante razón, cualquier contribuyente puede decir que no es él quien debe solventar las pérdidas de quienes se vieron afectados por la sequía, sino que es un problema de los propios productores afectados. Tal vez la discusión de esta...