Las sospechas de Tucumán se extienden a todo el país

Tucumán es ya algo más que una sospecha. Desde que estalló ese escándalo, el Gobierno vinculó a la oposición con una operación conscientemente dirigida a deslegitimar un eventual triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Es decir, la oposición estaba agigantando, insistió el cristinismo, un problema menor empujada por el prejuicio y la malicia. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia ordenó ayer que la Junta Electoral se abstenga de proclamar ganador a nadie hasta que no termine el juicio iniciado por el candidato opositor José Cano, quien pidió la anulación de los comicios. Esa instancia judicial encontró, al menos, pruebas razonables de fraude.

El conflicto tendría un tamaño inferior si sólo se encerrara en esa provincia. Un problema mayor surge, en cambio, cuando el escándalo tucumano se inscribe en un contexto mucho más amplio, que cubre a todo el país. Ese contexto de manipulaciones y prepotencias incorporó en las últimas horas, además, otros ingredientes. La decisión del Gobierno, por ejemplo, de condicionar severamente a la próxima administración con el proyecto de presupuesto para el año próximo. O la divulgación masiva de un libro para niños que recuerda a los libros de enseñanza primaria del primer peronismo. Un libro que desconoce abiertamente el derecho de los niños. ¿Cómo confiar, entonces, en una administración que está dispuesta a cometer semejantes abusos tres meses antes de que concluya su mandato?

Con todo, el gobierno de Cristina Kirchner debió aceptar, tarde y de mala gana, que aquel contexto existe y concedió algunas cosas para las elecciones de octubre. Pocas, como el GPS para los camiones que trasladarán las urnas o las cámaras de seguridad que grabarán lo que sucede en los lugares de votación. No hay muchas cosas más. Tampoco hay tiempo; falta sólo un mes y medio para las elecciones. La actual polémica era previsible. Después de doce años de poder, ningún gobierno se va sin la suspicacia del fraude. Mucho menos en un país que no revisó su sistema electoral durante los casi 32 años de democracia. Brasil lo cambió hace 20 años. México hizo muchas modificaciones a su sistema electoral, la última importante hace dos años. Ni los distintos gobiernos argentinos ni las oposiciones se ocuparon a tiempo de mejorar el sistema que hace posible la primera condición de la democracia: que los gobernantes sean elegidos por el voto popular.

Es anacrónico, por ejemplo...