Servicio de telecomunicaciones en la Argentina

• Autor: Carlos Botassi
• Páginas: 227-245

Contenidos

• I. El proceso privatizador de servicios públicos
• 1. Alcances.
• 2. Críticas.
• 3. El servicio telefónico.
• 4. Marcos legales y entes reguladores.
• II. El servicio telefónico en la argentina
• 1. Antecedentes históricos.
• 2. El proceso privatizador.
• 3. La normativa aplicable.
• 4. La Secretaría de Comunicaciones dependiente de la Presidencia de la Nación.
• III. Fallos judiciales relacionados con el servicio telefónico
• 1. Obligatoriedad de su prestación.
• 2. Responsabilidad de la empresa licenciataria.
• 3. Facultades de los gobiernos locales.
• IV. La crisis económica del año 2002 y el rol del estado en la post-privatización
• 1. Renegociación de contratos públicos.
• 2. El servicio público como deber político.

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I El proceso privatizador de servicios públicos

En la República Argentina durante el gobierno del ex presidente Menem (1989/1999) el Estado Nacional no sólo abandonó su rol de administrador de empresas industriales y comerciales (extracción y destilación de hidrocarburos, fabricación de aluminio y acero), sino que transfirió al sector privado los servicios públicos que habían sido estatizados por el gobierno peronista de 1945/1955 en cumplimiento de lo establecido en el art. 40 de la Constitución de 1949 (derogada en 1957)¹ incluyendo el servicio postal y los servicios telefónicos.

1. Alcances

La aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas), la flota fluvial y marítima (ELMA), los ferrocarriles, la generación y provisión de energía eléctrica, la distribución domiciliaria de gas, la provisión de agua potable y servicios de desagùes cloacales, la telefonía fija y móvil y un sinnúmero de servicios Page 228 de menor entidad (por ej. los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires), fueron transferidos a capitales privados, mayoritariamente extranjeros. En el caso de Aerolíneas Argentinas se trató de una "transestatización" ya que la Empresa fue adquirida por la firma estatal española Iberia.

El proceso de privatización en Argentina fue más profundo que el de Brasil donde se mantuvieron en el sector público la extracción de petróleo y gas².

Lo concreto es que aquel proceso "estatizador" de los años 40 y 50 se transformó en su opuesto, convirtiéndose en el máximo exponente del desguace del Estado, en la década del 90. El golpe de timón en materia de política económica ha transferido la responsabilidad operativa de la casi totalidad de los servicios públicos al sector privado. Se trata de los mismos deberes esenciales del Estado ahora denominados "servicios públicos privatizados", o, con mejor precisión, "servicios públicos de gestión privada". De esta manera las miradas ansiosas de quienes esperan mejorar su calidad de vida se dirigen a las macro-empresas prestantes que han recibido, por delegación del Estado, el derecho-deber de atender las necesidades esenciales de la población.

2. Críticas

El proceso privatizador fue blanco de fuertes críticas por parte de políticos, economistas y juristas. En síntesis se reprochó:

1. - Las empresas estatales fueron adquiridas con escaso dinero efectivo ya que la mayor parte de su precio fue pagado con bonos o títulos de la deuda externa cuyo valor de mercado era muy inferior a su representación nominal en pesos. En consecuencia uno de los fundamentos de la enajenación del patrimonio nacional, es decir el achicamiento de la deuda, no cumplió ese objetivo ya que -debido a las altas tasas de interéspoco tiempo después el pasivo oficial creció desmesuradamente. Page 229

2. - Las ganancias excepcionales obtenidas por las empresas (debido sobre todo a la paridad cambiaria: "un peso igual a un dólar") erosionó el valor social de los servicios públicos convirtiendo la atención de necesidades comunitarias esenciales en una mercancía, dejando desprotegido al ciudadano frente a la voracidad del mercado.

3. - La transferencia de activos estatales a favor de monopolios extranjeros significa entregar la riqueza nacional a empresas que acumularán sus excedentes fuera de nuestras fronteras, razón por la cual jamás esas ganancias serán invertidas en nuestra economía.

4. - El liberalismo económico y la correlativa subsidiariedad del Estado en la economía, no constituyen fines en sí mismos. Son técnicas de política económica que sólo se justifican si sirven a un fin valioso: atender las necesidades colectivas de una población cada vez más numerosa y empobrecida. Si el libre mercado no apunta a ese objetivo o resulta ineficaz para lograrlo el Estado debe intervenir activamente en la economía, asumiendo la prestación directa de los servicios públicos para asegurar que lleguen a todos los sectores a un precio accesible.

5. - Las empresas privatizadas han venido gozando de una cantidad de privilegios inexistentes para otros operadores económicos locales: a) reserva de mercado o monopolios; b) dolarización de las tarifas, sujetas a permanentes alzas, según la evolución de los precios en los EE.UU., aun cuando en Argentina se presentaron numerosos períodos de deflación³; c) manifiesta debilidad regulatoria y de contralor (funcional a sus intereses) por parte de las agencias estatales competentes; d) exclusión del sometimiento al Poder Judicial local por aplicación de prórrogas contractuales de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros o por la vigencia de Tratados de protección de inversiones foráneas que remiten el litigio a la decisión de organismos internacionales; e) renegociaciones reiteradas con Page 230 resultados favorables en un único sentido (reconocimiento de beneficios al sector empresario): aumento de tarifas, condonación de incumplimientos y concesiones de nuevos privilegios; f) autorización de adquisiciones a sus casas matrices y compañías asociadas con perjuicio para los proveedores locales; g) reducciones impositivas que no se tradujeron en rebajas de tarifas.

3. El servicio telefónico

Todas estas objeciones, más algunas otras derivadas de su carácter estratégico por su vinculación con la defensa nacional, fueron opuestas en materia de telecomunicaciones.

Existieron, naturalmente, voces a favor no sólo de algunos sectores directamente interesados en el cambio de política económica sino también de aquellos usuarios que soportaban un servicio deficiente o directamente carecían de línea telefónica como era el caso de quienes, pagando durante muchos años una cuota anticipada ("Plan Megatel"), no podían concretar la conexión del deseado servicio. Una vivienda que contaba con teléfono elevaba significativamente su precio. La compraventa clandestina de líneas era moneda corriente.

En definitiva, entre la población, el interrogante fue ¿A Usted que le importa, que los teléfonos sean estatales, o que los teléfonos funcionen?⁴

4. Marcos legales y entes reguladores

El proceso privatizador fue sustentado sobre la regulación legal de los servicios transferidos al sector privado y en la organización de oficinas dedicadas a controlar el esencial problema tarifario y el grado de eficacia en la prestación de las tareas⁵. Nacieron entonces los denominados "Entes Page 231 Reguladores", bajo la forma de sujetos de Derecho Público con competencia específica para controlar el desenvolvimiento de las empresas privadas prestadoras de servicios esenciales y actuar como factor de equilibrio en sus relaciones con los usuarios. Estos organismos aparecen expresamente aludidos en el art. 42 de la actual Constitución Nacional, donde se indica que "la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas, en los organismos de control".

Los Entes Reguladores poseen las siguientes notas características:

1. - Generalmente su naturaleza jurídica es la de una entidad autárquica que intenta mantenerse independiente de las autoridades del gobierno central. Poseen recursos propios (generalmente una tasa que pagan las propias empresas prestadoras).

2. - Su dirección está a cargo de un órgano colegiado. 3º.- Las decisiones de todos sus órganos son actos administrativos.

4. - Su principal objetivo es controlar que la prestación de los servicios públicos se ajuste a los contratos de privatización y a los marcos regulatorios. Deben monitorear los niveles de calidad de la prestación, fiscalizar la evolución de las inversiones comprometidas y proteger los derechos de los usuarios.

5. - En algunos casos poseen la facultad de resolver controversias vinculadas al servicio entre los particulares y las empresas.

6. - Algunos Entes fueron creados por ley (gas, electricidad, agua) y otros por decreto (telecomunicaciones, correos y telégrafos, rutas, vías navegables).

La ausencia de criterios rigurosos y la casi total inexistencia de sanciones han provocado críticas contra estos organismos y resultan frecuentes las denuncias de "captación" es decir de consideración extrema por parte de los controladores con relación a sus controlados. Page 232

II El servicio telefónico en la argentina

1. Antecedentes históricos

La República Argentina instaló su primer aparato telefónico en 1881, pocos años después de que Alexander Graham Bell patentara su invento en 1876.

La actividad fue netamente privada. En 1922 funcionaban en el país 94 empresas dedicadas a la actividad telefónica. En la década del '40 la "Unión Telefónica" (originalmente de capitales británicos fue más tarde adquirida por la estadounidense "American Telegraph and Telephone, ATT") fue absorbiendo poco a poco a sus competidoras y quedó dueña del mercado.

En 1946, ya en el gobierno el general Perón, se incorporaron fondos estatales a la actividad telefónica y nació "EMTA" ("Empresa Mixta Telefónica Argentina"). Dos años más tarde la "Unión Telefónica" fue adquirida por el Estado Nacional y el 18 de marzo de 1948, en acuerdo de ministros, se decidió la incorporación de...