Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 24 de Agosto de 2023, expediente FBB 004111/2023
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA |
Poder Judicial de la Nación Expte. N° FBB 4111/2023/CA1 – Sala II – Sec. 1
Bahía Blanca, 24 de agosto de 2023.
VISTO: El expediente N° FBB 4111/2023/CA1, caratulado: “SERAFIN,
A.M.c.ÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, venido
del Juzgado Federal N° 1 de la sede, para resolver el recurso de apelación interpuesto
el 3/7/2023, contra la sentencia del 29/6/2023 (fs. 51 y 45/50, respectivamente,
foliatura según el Sistema Informático Lex 100).
El señor Juez de Cámara, L.S.P., dijo:
1ro.) El 29/6/2023, el Juez de grado hizo lugar a la acción
entablada por A.M.S. contra la Administración Federal de Ingresos
Públicos, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c; 79 inc. c); 81 y 90
de la ley 20628, normas complementarias y reglamentarias, en relación al beneficio
previsional del actor.
Ordenó a la AFIP abstenerse de continuar descontando suma
alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional del actor.
Asimismo, dispuso el reintegro al accionante, de las sumas
retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, por todo el período no prescripto
(cinco años desde la interposición de la demandada) y mientras le hayan sido
descontadas desde entonces, con más los intereses que deben calcularse desde la fecha
de la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva
mensual del 3,84, conforme la Resolución Nº 559/22 del Ministerio de Economía.
Impuso las costas por su orden y difirió la regulación de
honorarios hasta tanto los letrados que intervinieron denuncien su situación previsional
y acrediten la impositiva actual (fs. 45/50).
2do.) Contra esta decisión apelaron el 3/7/2023 los
representantes de la AFIP (f. 51) y el 2/8/2023, expresaron agravios (fs. 53/66).
Primeramente, centraron sus agravios en que la naturaleza de la
acción se encuentra limitada a obtener una declaración de inconstitucionalidad, es
decir, de certeza, y no de condena.
Luego, destacaron que las normas jurídicas cuestionadas en
estos actuados superan el control de constitucionalidad propuesto en demanda, que se
encuentran en consonancia con los principios de legalidad, de reserva de ley y de no
Fecha de firma: 24/08/2023
Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA
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confiscatoriedad, y que la sentencia recurrida no se condice con el derecho aplicable ni
con las constancias del expediente, haciendo una extensiva aplicación del antecedente
de la CSJN, “G.” a un caso distinto al que originó el fallo del cimero tribunal. Ello
con fundamento en que las circunstancias personales de la Sra. G. tenidas en
consideración por la Corte para decidir, difieren sustancialmente a las del reclamante.
Manifestaron que la Corte puso especial consideración sobre las
condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad de los jubilados, las que
no sólo no se ven configuradas, sino que no se ha acreditado ni invocado la necesidad
de solventar mayores erogaciones que la del resto de los jubilados como para ameritar
la excepcionalísima configuración del supuesto de inconstitucionalidad.
USO OFICIAL
Cuestionaron la aplicación de la doctrina judicial del leal
acatamiento y mantuvo que, de ser admitida la pretensión del actor, obtendría una
situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que afrontan el
impuesto.
En cuanto a la ley 27617, argumentaron que el Congreso
Nacional ha tratado la cuestión del impuesto –con los medios o mecanismos que se
consideraron adecuados– y ha legislado sobre la materia, tal como lo requería la Corte
en “G., atendiendo a la protección de los sectores más vulnerables y reservando
la imposición sólo para casos de excepción, en los que se perciban jubilaciones y/o
pensiones claramente provechosas y que quedan fuera de la órbita de protección
especial de dicha doctrina.
En función de ello, manifestaron que para decretar la
inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c) de la ley 20628 (actual 82 inciso c), ya no
podrá invocarse lisa y llanamente el precedente “G.” de la Corte, sino que deberá
acreditarse, en el caso concreto, la afectación de derechos de raigambre constitucional,
debiendo estarse a la doctrina que emana de los autos “Dejeanne”.
Peticionaron que se haga lugar al recurso interpuesto y se
revoque la sentencia en todo lo que ha sido materia de agravio, imponiéndose las
costas a la parte actora.
De manera subsidiaria, precisaron que, en caso de declararse la
inconstitucionalidad de las normas impugnadas, no resultan comprendidos en este
pleito los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias que
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correspondieran a períodos anteriores a la interposición de la demanda que originó los
presentes actuados.
Por último, refirieron que en caso de confirmarse el cese de
retención del gravamen sobre los ingresos de la parte actora resulta impropio lo
ordenado por el a quo a su mandante en el sentido que ésta se abstenga de retener, por
lo que solicitó que se ordene, en todo caso, la comunicación de dicha medida
mediante oficio de estilo librado en autos al agente de retención que corresponda.
3ro.) El 5/8/2023 la parte actora contestó el traslado conferido
respecto de los agravios de la contraparte (fs. 68/71).
4to.) Ante todo, resulta oportuno destacar que los jueces no
USO OFICIAL
están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que
pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes
para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido
(Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970;
entre otros).
5to.) El actor, en la demanda interpuesta el 2/5/2023, solicitó
que se declare que se encuentra exento de abonar el impuesto a las ganancias en
función de sus haberes previsionales y la inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c), 79
inc. c), 81, y 90 de la ley 20628, 115 de la ley 24241, sus modificatorias y de cualquier
otra norma que invoquen los organismos previsionales para justificar la retención o
pago del Impuesto a las Ganancias.
Además peticionó que se ordene a la AFIP a reintegrar las
diferencias retroactivas que, por el Impuesto a las Ganancias, haya tributado respecto
del beneficio previsional, por el período de cinco (5) años computados desde la
iniciación de la presente demanda, conforme a la prescripción establecida, por el art.
56 de la ley 11683, que establece que la acción de repetición del impuesto prescribe en
el plazo de cinco (5) años, asimismo el art. 2560 del CCyCN, determina un plazo de
prescripción genérico de cinco (5) años, todo ello con los respectivos intereses de
actualización de capital.
Y, por último, peticionó el reintegro de las sumas que se
retengan y/o ingresen a la demandada (deducida de su haber previsional) en concepto
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de impuesto a las ganancias desde la promoción de la demanda, con más sus intereses
liquidados a la tasa activa del Banco Nación, con costas (fs. 5/11).
6to.) En primer término, cabe dejar sentado que el art. 14 bis de
nuestra Carta Magna establece que los beneficios de la Seguridad Social tendrán
carácter integral e irrenunciable.
El Estado tiene la obligación de mantener el principio de
progresividad a los derechos de la población pasiva y velar por la integralidad de los
haberes, criterio que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “S., M. del Carmen c/ANSES s/ Reajuste Varios” (Fallos,
328:1602), en el cual estableció que “[l]os tratados internacionales vigentes, lejos de
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limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas
necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos,
compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades
legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en
1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los
derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos…” y remarcó
[q]ue la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de
pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que
reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima
vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de
naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes
efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario
mínimo vital y móvil dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación,
asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna encuentran su correlato en las
jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores
cuando entran en pasividad…
.
7mo.) Entrando a resolver, cabe precisar que la cuestión de
autos es sustancialmente análoga a lo resuelto por la CSJN en el fallo “G., María
Isabel c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, con fecha
26/3/2019, en el que declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre
las jubilaciones y pensiones (art. 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 y 90 de la ley 20628,
texto según leyes 27346 y 27430), ordenó a la demandada que reintegre a la actora,
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