Sentecia definitiva Nº 24 de Secretaría Penal STJ N2, 20-04-2020

• Emisor: Secretaría Penal STJ nº2
• Número de sentencia: 24

VIEDMA, 20 de abril de 2020.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "ETCHEGARAY, Rubén José Ernesto s/Incidente de excarcelación s/ Casación" (Expte.N° 29909/18 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
La señora Jueza Liliana L. Piccinini dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Auto Interlocutorio N° 17, del 6 de junio de 2018. la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- revocar la prisión preventiva y disponer la libertad de Rubén José Ernesto Etchegaray, sin perjuicio de otras órdenes de detención que pudiera registrar; asimismo, estableció que dicha libertad solamente podría hacerse efectiva una vez depositada en autos la caución real de quinientos mil pesos ($ 500.000), en los términos del art. 287 quinquies del Código Procesal Penal (Ley P 2107), y asignada tobillera electrónica con seguimiento GPS, en la ciudad mencionada o en aquella en la cual el control pudiera ser llevado a cabo. Aclaró que el imputado no podría ausentarse de dicha localidad sin previa y expresa autorización, bajo apercibimiento de revocarle el beneficio concedido, y le prohibió salir del país y acercarse y/o mantener cualquier contacto con la familia de la víctima respecto de cuyo hecho había recibido sentencia condenatoria.
En oposición a ello tanto la Defensa como el señor Fiscal de Cámara dedujeron sendos recursos de casación, que fueron declarados admisibles por el tribunal de origen.
2. Agravios del recurso de casación de la Defensa
La señora Defensora Penal Mariana Serra sostiene que la exorbitante suma fijada torna ilusorio el derecho a la libertad otorgada y entiende que no se han expresado los motivos por los cuales se determinó ese monto, lo que viola las garantías constitucionales que enumera. En tal sentido, expone también las condiciones personales y económicas del imputado, de conocimiento del tribunal, y refiere que este incluso tuvo que renunciar a una defensa privada por falta de recursos para sustentar sus honorarios, y reitera que aquella cifra resulta de imposible cumplimiento para quien carece de patrimonio.
Plantea que no hay ningún dato objetivo que demuestre la existencia de un riesgo procesal y que tampoco se verifican los motivos por los cuales se eligió ese monto y no otro, o una caución juratoria, entre otras alternativas. Señala que el condenado ha fijado domicilio y...