Santa Fe: polémica por la decisión del gobierno de pagar las costas de un juicio donde fue condenado un femicida

Juan Ramón Cano, condenado por el femicidio de la docente santafesina Vanesa Castillo

SANTA FE.- Interesante polémica desató la decisión del gobierno de Santa Fe de hacerse cargo, por medio de un subsidio, de las costas generadas en el juicio por el femicidio de Vanesa Castillo , la docent e asesinada hace cuatro años en el distrito de Alto Verde , frente al puerto de esta capital. Fue después de que la familia de la víctima, según las normas vigentes, fuera informada que debe abonar 457.000 pesos a los abogados intervinientes porque el condenado por el crimen, Juan Ramón Cano, se declaró insolvente .

La "solución" para la familia de Castillo, atacada cuando abandonaba la escuela Victoriano Montes, el mediodía del 15 de febrero de 2018, causó los más diversos comentarios.

La reacción más firme se generó en el Colegio de Abogados de Santa Fe -primera Circunscripción- que explicó algunas cuestiones de la legitimidad de la Ley 12.851 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de Santa Fe, y resaltó que "los honorarios tienen carácter alimentario, siendo el medio de subsistencia de los profesionales del derecho y sus familias" .

Como en este caso el estado provincial se hará cargo de los honorarios de los abogados que representaron a la querella en la causa penal, para los profesionales la decisión "genera un precedente a tener en cuenta para futuras situaciones similares de manifiesta injusticia, independientemente de la causa o de la materia de que se trate" .

Vanesa Castillo, la docente santafesina asesinada en 2018

"Es menester resaltar que cuando una persona contrata servicios jurídicos, se configura una relación de mandato, a partir de la cual se le encomienda al profesional una gestión determinada. Quien presta un servicio privado, tiene derecho a percibir su retribución, más allá del éxito o no de la gestión", remarcó el organismo que nuclea a los letrados santafecinos.

En razón de tal circunstancia, la familia de la víctima debería hacerse cargo de los honorarios de los letrados que contrataron para que la represente en el proceso.

"Debemos resaltar que los insolventes condenados en costas no se liberan de su obligación, sino que, en el supuesto que en un futuro adquieran bienes o accedan a un trabajo registrado, los que afrontaron originariamente el pago, puedan accionar para recuperar la erogación. Lo expuesto tiene por objeto dignificar la labor profesional...