Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 16 de Mayo de 2023, expediente FSA 034786/2018/CA001
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II - SECRETARIAPREVISIONAL 2 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II
RIVERA, O.R.
c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
EXPTE. Nº FSA 34786/2018/CA1,
Juzgado Federal Nº 2 de Salta Salta, 16 de mayo de 2023.
VISTO
Y CONSIDERANDO:
1) Que vienen las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la Administración Nacional de la Seguridad Social y por la parte actora en contra de la sentencia del 9 de noviembre de 2022 que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por O.R.R. en contra de la Administración y ordenó el recálculo de las prestaciones integrantes del haber inicial actualizando las remuneraciones devengadas hasta el mensual febrero de 2009 según el ISBIC y las posteriores con el índice del art. 2 de la ley 26.417 y sus modificatorias hasta la fecha de adquisición del derecho. Para ello tuvo en cuenta que el actor adquirió el derecho al beneficio de jubilación el 10/06/2017 bajo el amparo de la ley 24.241
En cuanto al reajuste por movilidad del beneficio, indicó que el mensual de marzo de 2018 se liquide conforme ley 26.417.
Dispuso que a partir de la sanción de la ley 27.541 correspondía la aplicación de los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional hasta la entrada en vigencia de la ley 27.609, con la salvedad de que la actualización de las prestaciones no resultara inferior a las variaciones que registre el índice establecido por la ley 27.551, de conformidad a las pautas dadas en los Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.S., SECRETARIA
precedentes Caliva y M. de esta Sala. Al propio tiempo, difirió la consideración de la ley 27.609.
Estableció el pago de las sumas que en concepto de retroactivos se determinen en la etapa de liquidación, desde el 10/06/2017 más intereses según la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. Difirió para la etapa de liquidación la valoración de la procedencia del recálculo de la Prestación Básica Universal de conformidad con los alcances ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Q.C.A. fijando pautas para actualización y rechazó la pretensión introducida en la demanda para que se establezca una tasa de sustitución hasta alcanzar el 70% del promedio actualizado de las remuneraciones de los últimos diez años de servicios. Dejó aclarados los criterios a adoptarse en torno a los distintos topes (arts. 9 y 25, 24 y 26 de la ley 24.241, art. 14 de la Resolución SSS 6/2009).
Finalmente, reservó el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 9
inc. 3° para la etapa de liquidación, rechazó la petición de actualización monetaria y dejo sentado que no correspondía la retención en concepto de impuesto a las ganancias.
2) Que el organismo previsional se quejó de la pauta ordenada por el juez de grado para la actualización de las remuneraciones según el índice ISBIC
aplicando el precedente “Elliff” e instó por la aplicación del índice RIPTE
previsto en la ley 27.260.
Fecha de firma: 16/05/2023
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
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Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II
En cuanto a la Prestación Básica Universal entendió que no corresponde que sea ajustada o recalculada con métodos extraños a los definidos por la ley 26.417.
Al referirse a la movilidad, cuestionó que los ajustes se practiquen hasta marzo de 2018 según la ley 26.417 sin tachar expresamente la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426.
Por otro lado, subrayó que el juez de grado falló extra petita y que sin declarar la inconstitucionalidad de la norma decidió dejar sin operatividad a la ley 27.541 y sus decretos reglamentarios aplicando la ley de alquileres -27.551-
lo que según arguyó, afecta la sustentabilidad del sistema.
Controvirtió la inconstitucionalidad del tope establecido en el art. 24 de la ley 24.241 y la declaración de inaplicabilidad del art. 14 de la Res. SSS6/09
reglamentaria del art. 24 de la ley 24.241 y en igual sentido, reprochó la inconstitucionalidad decretada con respecto al art. 26 de la ley 24.241.
Finalmente, se quejó también de lo resuelto en torno al impuesto a las ganancias.
Se apoyó en la jurisprudencia y mantuvo la reserva de ocurrir por ante la instancia extraordinaria.
3) Que, por su parte, la accionante se agravió de lo resuelto en torno a la movilidad sosteniendo que el juez debería haber analizado el tema a través del prisma de los principios basales sentados en “Caliva”, pero para el periodo 2018 a 2022, donde la jubilación perdió contra el ripte-mal medido y contra la inflación y no logró mantener el nivel adquisitivo, por cuanto en cada una de las sucesivas reformas hubo una quita en los haberes de los jubilados.
Fecha de firma: 16/05/2023
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Respecto a lo resuelto en torno a la PBU, objetó que a los efectos de acreditar la confiscatoriedad de la causa del Alto Tribunal “Quiroga” el a quo remita a los antecedentes “S.H.N.” de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y “B., J.M., ya que ello genera daño. A tales fines, sostuvo que la incidencia debe calcularse sobre el haber de caja (PC y PAP sin reajustar) ya que, si se hace sobre el haber reajustado conforme los antecedentes aplicados, se produce una nueva confiscación.
Replicó que si bien la CSJN se pronunció sobre el 15% como una afectación máxima tolerable ese porcentaje solo se fijó para los casos de topes de haberes máximos por lo que, estimó que una vez acreditada la merma en el haber corresponde liquidarlo íntegramente y no soportar una quita del 15%.
Manifestó además que la PBU hasta 2009 debería haberse movilizado de acuerdo con el ISBIC y luego con los aumentos generales de ley.
Consecuentemente, solicitó se declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.417 que estableció un monto fijo para la PBU por violar la integralidad del haber.
Recriminó la distribución de las costas por el orden causado a tales fines,
peticionó la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463 por ser contraria a los arts. 14 bis, 16, 17 18 y 28 de la Constitución de la Nación y se decía la cuestión según los principios generales establecidos en el ordenamiento procesal.
Por otra parte, en relación al tope del art. 9 inc. 3° de la ley 24.463, se quejó del diferimiento de su tratamiento para la etapa de ejecución. Agregó que el monto fijado como haber máximo debería seguir las pautas de movilidad.
Fecha de firma: 16/05/2023
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Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
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En lo referente a la tasa de interés moratorio, aludió que si bien el juez de primera instancia ha seguido la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Spitale”, no puede obviarse que las situaciones fácticas cambiaron y en el caso ello no cubre el daño patrimonial derivado del retardo, en consonancia con la hipótesis sentada en el plenario “S.” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, cuya aplicación solicitó al caso.
Finalmente, objetó también que la sentencia de grado haya rechazado la actualización monetaria de las sumas a abonarse como retroactivo toda vez que,
la desvalorización que sufrió la moneda torna confiscatorio todo pago que no la compute. En consecuencia, pidió la declaración de inconstitucionalidad del art.
7 de la Ley Nº 23.928, con las modificaciones introducidas por la 25.561, art.
4°.
Citó jurisprudencia en apoyo de su tesitura e hizo reserva del caso federal.
4) Corrido el traslado de ley, solo contestó la parte actora, solicitando el rechazo del recurso de la demandada y seguidamente se llamaron autos para resolver.
5) Que no se encuentra controvertido en autos que O.R.R. adquirió el derecho a su beneficio previsional, el 10/06/2017 bajo el régimen de la ley 24.241.
En cambio, el organismo previsional discute la actualización de las remuneraciones a los fines del recalculo del haber de origen. Al respecto se advierte que los dispuesto por el juez de grado sobre el índice aplicado (ISBIC)
resulta sustancialmente análogo a lo examinado por esta Sala II de la Cámara Fecha de firma: 16/05/2023
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Federal de Apelaciones de Salta en el antecedente “G., M. c/
Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Reajustes Varios” Expte. N°
51000652/2010”, sentencia del 31/07/2018, y “D.C., Fátima Sorka c/ANSeS s/ Reajustes Varios”, Expte. No 2473/2016, sentencia del 04/12/2018,
por lo que -en honor a la brevedad- corresponde remitirse a los fundamentos allí vertidos (www.cij.gov.ar), que pasan a formar parte del presente resolutorio.
A su vez, lo resuelto concuerda con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “B., L.O., CSS
42272/2012, sentencia del 18 de diciembre de 2018, donde, por voto mayoritario, se confirmó la aplicación al caso del precedente “Elliff” y declaró
la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS No 56/2018 y de la Secretaria de Seguridad Social No 1/2018. Además, ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que en un plazo razonable se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en cuestión, disponiendo que hasta tanto se sancione la ley se aplicara el criterio judicial emergente del presente caso a las causas judiciales en trámite.
5.1) Ahora bien, cabe poner de relieve que el decreto 807/2016
ciertamente no es la “ley” a la que aludió el Alto Tribunal en la sentencia mencionada, sino la...
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