Rige el estado de alerta entre los empresarios indagados por Bonadio

En el marco de una causa desprendida de la investigación de , donde se indaga sobre la supuesta cartelización de obras públicas viales, esta semana pasaron por el juzgado de 47 empresarios de la construcción. También debió asistir a , en medio de un contundente operativo de seguridad, la expresidenta Cristina Kirchner, para declarar por ocho causas que tiene Bonadio bajo su órbita.A todos los empresarios les leyeron la misma imputación, donde se los investiga por haber integrado una asociación ilícita, diferente de la que habían delimitado los funcionarios judiciales al inicio de la causa. En este nuevo tramo de indagatorias, algunos de los involucrados reconocieron reuniones con el financista Ernesto Clarens, otros se remitieron a sus indagatorias anteriores, y otros negaron todos los hechos.Bonadio ordenó detener a cuatro de los indagados después de que negaran las acusaciones. Se trata de Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, Gustavo Dalla Tea, de Supercemento y Norberto Ardissone, del directorio de Contreras Hermanos.Después de pasar un fin de semana en prisión, Dragonetti volvió al juzgado de Bonadio para rectificar sus dichos. Asumió que pagó dinero para que le liberaran las certificaciones de obras que habían sido adjudicadas a su empresa de manera lícita y entonces recuperó su libertad.También declararon Eduardo Eurnekian, dueño del grupo Corporación América; Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Aldo Roggio, de Grupo Roggio, y Carlos Wagner, de Esuco, entre otros. Eurnekian negó tener conocimiento de todo acto ilícito que pudo haber sucedido en la órbita de su empresa Helport. Dos directivos de Helport habían reconocido, en el expediente donde se investigan los contratos de concesiones viales, haber hecho pagos a Claudio Uberti, del OCCOVI.En septiembre del año pasado, Bonadio había optado por procesar a decenas de empresarios por el delito de asociación ilícita. Según el juez, los directivos habían integrado entre los años 2003 y 2015 un esquema comandado por la expresidenta Cristina Kichner, a quien procesó como jefa, junto con Julio De Vido, Roberto Baratta y demás exfuncionarios del Ministerio de Planificación, a través del cual recibían contratos del Estado a través del pago de sobornos.La Cámara Federal confirmó esos procesamientos en diciembre pero cambió las calificaciones de los delitos y los dejó procesados por cohecho activo. Quienes sí quedaron...