Una revolución en la Justicia que el Congreso aprueba a ciegas

 
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Ayer, en un austero cóctel con periodistas por las fiestas de fin de año, el presidente de la , Ricardo Lorenzetti, aseguró que la "independencia del Poder Judicial es un tema central para esta Corte". Mencionó otros asuntos también centrales (como el narcotráfico), pero la alusión a la independencia de los jueces fue especialmente oportuna. Ningún periodista o funcionario judicial presente pudo ignorar que tales palabras fueron dichas en medio de la más tenaz e intensa campaña que haya sufrido un juez que investiga el patrimonio de los gobernantes, como es el . O que esos conceptos de Lorenzetti precedieron a la sanción definitiva de la reforma del Código Procesal Penal, que busca poner en manos de Alejandra Gils Carbó el monopolio de la investigación penal federal.

El kirchnerismo es insistente. Cuando una puerta se le cierra, abre un boquete en la pared de al lado. Está tratando ahora de conseguir con la ley de telecomunicaciones lo que no logró con la ley de medios audiovisuales; es decir, la destrucción del Grupo Clarín. Con la reforma del Código Procesal, intenta provocar una revolución en la Justicia, que es lo que se propuso sin suerte con la reforma judicial abortada a último momento por la Corte Suprema.

El ritmo es de vértigo. La Cámara de Diputados le dará seguramente sanción definitiva a la reforma del Código Procesal en una sesión prevista para mañana. Habrán pasado apenas 14 días desde que fue tratado y aprobado por el Senado. Es un Código que legislará sobre cuestiones penales; cada línea de sus preceptos decidirá sobre el honor y la libertad de las personas. Necesitaría, por lo tanto, de consensos más amplios que la mayoría automática del cristinismo parlamentario. Importa poco. Al oficialismo sólo le interesa mostrar la prepotencia de una mayoría pasajera.

Si se la mira bien, toda la estructura de la reforma del Código Procesal es cuestionable. Lo único claro es que cambian los jueces por los fiscales en la investigación penal. Se trata de los casos federales; esto es, de los delitos como narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos nacionales, causas de la AFIP, daños al medio ambiente, entre otros pocos. También de los delitos cometidos en la Capital Federal que no fueron transferidos a la justicia local. El resto de los delitos perpetrados en el país se investigan y se terminan en las justicias provinciales.

Cambian los jueces por los fiscales, pero ¿cuál será el modelo de justicia? ¿Cuál será la función de cada...

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