Resolución 978/2021

Fecha de publicación04 Enero 2022
SecciónResoluciones
EmisorMINISTERIO DE ECONOMÍA


Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021

Visto el expediente EX-2021-122813486-APN-DGDA#MEC, las leyes 24.759, 25.188, 26.097 y 27.275, el decreto 258 del 10 de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada a través de la ley 24.759, el Estado Nacional se comprometió a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Que, asimismo, se asumió el compromiso de crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a las/los funcionarias/os públicas/os y ciudadanas/os particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.

Que, al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la ley 26.097, la República Argentina asumió la responsabilidad de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del respeto de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Que mediante el decreto 258 del 10 de abril de 2019 se aprobó el “Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023)”, que cuenta con iniciativas propuestas por el entonces Ministerio de Hacienda.

Que a partir de una evaluación del mencionado Plan, la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la Nación, y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, impulsaron la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) con el objetivo de avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración Pública Nacional.

Que dicha estrategia incorpora el cruce de perspectivas entre las políticas de integridad y los derechos humanos, género y diversidad y el cuidado del medio ambiente.

Que las políticas de transparencia buscan abarcar toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural.

Que la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana.

Que en dicho marco esta jurisdicción asumió el compromiso para la implementación de un sistema de recepción y gestión de denuncias por supuestas irregularidades...

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