Renuevan un subsidio en gas que no le llega a la gente

Antonio Pronsato, el interventor en el Enargas, el ente regulador del gas, reunió a una pequeña multitud de empresarios vinculados con el negocio de los tubos y las garrafas hace unos 15 días. Luego de poca deliberación y sin objeciones manifiestas de los asistentes, los conminó a firmar, por quinto año consecutivo, el acuerdo sectorial en el marco de la "garrafa social", algo que no ocurre en la práctica.Aunque pesan sobre ese programa múltiples cuestionamientos, la mayoría de los actores firmó la extensión del convenio que, según los actores de la cadena del gas, sostiene uno de los subsidios más ineficientes del kirchnerismo: el Gobierno asiste con $ 1700 millones al año al sector privado para que la garrafa de 10 kilos se consiga a $ 16, pero casi en ningún lado está a menos de 50 o 52 pesos. Y las empresas tienen cada vez menos ganas dePronsato, hombre de , fue expeditivo, pero su reclamo encierra una larga historia de desencuentros entre los ministerios de Planificación, de Economía, YPF y las empresas privadas. A principios de año, Emmanuel Agis, número dos de Axel Kicillof, se interesó por el tema y hasta lo discutió con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Su planteo era concreto: en un contexto en que el Gobierno intenta hacer más eficiente el uso de los subsidios (en esa línea dispuso un aumento de tarifas de gas de hasta el 500% en abril) era conveniente revisar también las transferencias a la industria del gas licuado de petróleo (GLP), con el que se llenan tubos y garrafas. Pensaron, por ejemplo, en llevar el precio de la garrafa social de $ 16 a 50 pero, al mismo tiempo, asegurarse de que llegue a ese valor a los usuarios que más lo necesitan.El propio secretario de Energía, Daniel Cameron, que responde a De Vido, pero en ocasiones muestra su descontento con respecto a ciertas decisiones, prorrogó en diciembre el acuerdo, pero sólo hasta el 30 de abril. Todos esos intentos parecen haber encallado en Planificación.A desgano, YPF firmó el convenio. Si bien sus ejecutivos, conducidos por Miguel Galuccio, consideran que se trata de un mal negocio para la empresa, consideraron que no tenían espacio para ensayar alternativas. Y Shell, otra de las productoras de GLP, no descarta hacerlo bajo protesta, entre otras cosas porque se trata de un insumo difícil de almacenar. El resto de las compañías las seguirían.Desde 2008, el Gobierno tejió una telaraña de subsidios para que...

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