La reducción de la burocracia es necesaria y posible

La opinión pública ha manifestado sus críticas a la sobreabundancia de asesores y empleados en ambas cámaras del Congreso Nacional. Con pocas excepciones, se han conocido casos de legisladores que hacen gala de su espíritu crítico, pero que no han tenido empacho en abusar de nombramientos, pasajes, viáticos y otras canonjías. El reconocido economista Roberto Cachanosky dio a conocer esta situación mostrando que el gasto por legislador nacional en la Argentina es 10 veces mayor que el de España. Hay alrededor de 11.000 empleados para 329 legisladores. Es un número imposible de justificar.El desmesurado gasto de la política, como el del Congreso, genera desaliento en contribuyentes y por su efecto demostración contamina el resto del aparato estatal. Debe corregirse, pues es sobre todo un pésimo ejemplo de quienes justamente deben darlo.El exceso de personal en el Estado cae pesadamente sobre la sociedad. Es causa principal de un gasto público insostenible, que a pesar de una elevadísima presión impositiva ha requerido endeudamiento y emisión. La consecuencia ha sido el default y la inflación, además de reducir la competitividad de todo el sistema productivo. En estas condiciones se han desalentado la inversión y la creación de empleo. En definitiva, el exceso de burocracia estatal es una causa principal de la pobreza. Lo paradójico es que es común creer que la pobreza se puede reducir dando mayor empleo público o subsidios sociales. Gran parte de los gobernantes de nuestro país han actuado según esta creencia y han caminado en el sentido opuesto al que debían. Se ha creado un círculo vicioso que gira en sentido perverso: más Estado, más gasto público, más déficit fiscal, más impuestos, más endeudamiento estatal y menos crédito al sector privado, alto riesgo país y ausencia de confianza, desaliento a la inversión, no creación de empleo privado, más pobreza.La Argentina debe escapar de ese círculo vicioso y transformarlo en virtuoso. Para eso se requieren reformas estructurales que sean sostenibles y ejecutadas inteligentemente para que sean social y políticamente viables en su ejecución. En esta línea podemos mencionar la reforma laboral -se quiera llamar como se quiera- que permita aumentar la productividad y disminuir el sobrecosto y el riesgo laboral; la reforma impositiva y del régimen de coparticipación federal, y la racionalización de la burocracia estatal. Esta última debe ejecutarse no solo en los tres poderes del Estado nacional, sino...

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