Procesan al intendente de Itatí y apuntan a los eslabones superiores políticos y judiciales

Para tratar de pasar inadvertidos se valían de chicos en edad escolar para cruzar los cargamentos de marihuana desde Paraguay y acopiarlos en Itatí, un pueblo de Corrientes recostado sobre el río Paraná que se convirtió en la puerta de entrada del cannabis a la Argentina. Para operar en la zona contaban con la protección de policías provinciales y nacionales e incluso de funcionarios políticos y judiciales para obtener y distribuir la droga en una flota de vehículos que manejaban.

Así lo evaluó el juez federal porteño Sergio Torres en un extenso fallo de 640 páginas en el que dispuso el procesamiento del intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán (Frente para la Victoria), y de otras 27 personas -incluidos el viceintendente del pueblo de la Virgen, Fabio Aquino- como integrantes de una asociación ilícita que, valiéndose del uso de menores de edad, y con la participación de funcionarios públicos, se dedicaba al tráfico en gran escala de marihuana producida en Pedro Juan Caballero, donde están las tierras más fértiles para el cannabisparaguayo. También les trabó embargos de hasta 1.600.000 pesos.

Torres adelantó en su resolución que la investigación que puso bajo la lupa a Itatí es preliminar y, en consecuencia, seguirá profundizándose, ante la gran cantidad de información reunida en torno a las complicidades políticas y judiciales que tenían las bandas que desde esta ciudad, de 9000 habitantes, proveían de marihuana a siete provincias argentinas.

"Dentro de esta gran estructura que tiene sometida a Itatí habría funcionarios públicos locales y provinciales, personal de las tres fuerzas de seguridad federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal), de la policía local y también autoridades del Poder Judicial que tendrían nexos con esta organización a través de los abogados que ofician de defensores de quienes caen detenidos o vinculados a alguna causa judicial", se afirmó en el fallo conocido ayer, tras una vasta investigación de Torres y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que encabeza el fiscal Diego Iglesias, con auxilio de la Gendarmería Nacional.

"La información obtenida permite inferir que para asegurar y facilitar el transporte de la droga retirada en Paraguay por parte del grupo criminal se procuraba la utilización de menores de edad, aspecto que permitía a la banda disimular el verdadero motivo del viaje realizado", sostuvo el magistrado.

Según Torres, la organización que tenía el centro de operaciones en Itatí...