La Política como continuación de la Guerra

• Autor: Frankin M, Obarrio
• Cargo: Abogado (UBA)

Desde el sector rural, incluidos pequeños, medianos y grandes productores, sus dirigentes piden “diálogo” al gobierno nacional, para lograr la corrección de una política que consideran injusta por las razones que manifiestan y que el Gobierno no atiende, aunque falazmente también convoca a dialogar, ahora desde ese “espacio político” y por lo tanto sectorial, que es el partido justicialista presidido por el jefe “K”.

Cada vez se hace más profunda la brecha que separa al gobierno de aquel sector en conflicto, genéricamente denominado el campo. La situación se agrava y sus efectos se hacen sentir de muy distintas maneras en todo el cuerpo social que ya acusa visibles síntomas de malestar, con sus perniciosos efectos no solo sobre las economías locales, sino también y visiblemente, sobre la paz interior y sobre el bienestar general, valores que, si recordamos el preámbulo de la Constitución Nacional, deben ser siempre consolidados por todo buen gobierno como objeto y razón que hace a la unión nacional.

Alarmado el cuerpo social hace escuchar sus voces. Ya en el comienzo del conflicto algunos miembros destacados de la comunidad nacional llamaron a la mediación y hasta se ofrecieron como mediadores.

Es paradojal que hoy, 16 de mayo, mientras que desde ambos “sectores” en pugna se invitan mutuamente al diálogo, ese diálogo es cada vez más difícil. Y vuelven desde los medios de comunicación los pedidos para que las “partes” acudan a una mediación y se pone como ejemplo la famosa lucecita del cardenal Samoré.

¿Es acaso que no se ve que el diálogo no es hoy posible porque una de las partes está en acción de guerra contra un enemigo que él solo ha declarado como tal?

Para poner las cosas en su lugar, es necesario repensar el problema. Entre un gobierno legal, no sé si legitimado por sus actos, y un sector social o económico determinado, el diálogo tiene cauces institucionales, que son primero la petición más o menos formal y luego los recursos administrativos, quedando aún los recursos judiciales como garantía constitucional del Estado para afianzar la justicia, otra piedra angular de nuestra constitución escrita. Y con todo eso, que no es poco, debería bastar.

Cabe preguntarse entonces por qué, si en un estado de derecho la cosa es tan sencilla, el sector afectado ha recurrido al paro; por qué no peticionar, por qué no recurrir a los instrumentos legales administrativos y judiciales.

La respuesta es obvia: porque el sector afectado sabe con certeza...