Permiten al Gobierno ser parte en causas contra Boudou

La Justicia le abrió ayer la puerta al Gobierno para que sea un actor de peso en causas en las que se investiga al ex vicepresidente Amado Boudou y a su ex protegida Katya Daura, entonces presidenta de la Casa de Moneda.

Es que ayer el juez federal Ariel Lijo le reconoció el carácter de querellante a la Oficina Anticorrupción (OA) en el caso de la ex Ciccone, en la que se investiga la contratación de una consultora en Formosa para refinanciar la deuda pública y en la que se investiga a Daura por enriquecimiento ilícito.

Laura Alonso, que está a cargo de la OA en el gobierno de Mauricio Macri, podrá ahora ser parte en esos expedientes para acceder de primera mano a lo que allí ocurra, pero también podrá pedir medidas de prueba y -lo más importante- apelar resoluciones que dicte el juez y que no comparta.

En el caso Ciccone, Boudou está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles. El caso de Formosa es una derivación: allí se investiga el contrato que The Old Fund firmó con la provincia para asesorarla en la reestructuración de su deuda. Cobró jugosos honorarios que se sospecha quedaron en parte en manos de los funcionarios que debían autorizar la operación.

En una tercera resolución, Lijo aceptó además a la OA como querellante en la causa por enriquecimiento ilícito para otros funcionarios K, como Daura, quien quedó a cargo del manejo de la ex Ciccone cuando se estatizó.

"Teniendo en cuenta que la presentación formulada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se ajusta a las prescripciones del Capítulo IV del Título IV del Código Procesal Penal de la Nación, téngase a ese organismo por parte querellante", dicen las tres resoluciones firmadas por Lijo.

Se toma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso contra Armando Gostanian, titular de la Casa de Moneda durante el menemismo.

Allí el máximo tribunal estableció que "el bien jurídico protegido es la administración pública, por lo que parece legítimo que el Estado avance contra el supuesto autor...