Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 26 de Octubre de 2016, expediente I 72540

• Presidente: Soria-Negri-Pettigiani-Kogan-Genoud-de Lázzari-Hitters
• Fecha de Resolución: 26 de Octubre de 2016
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 26 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., N., P., K., G., de L., Hitters,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.540, "Ostertag, A. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad decreto ley 9020/1978".

A N T E C E D E N T E S

1. El escribano A.O., por derecho propio, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad solicitando que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978, en tanto establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 años.

   Aduce que el mentado precepto, que dispone una suerte de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad en cuestión se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta violatorio de derechos y garantías de raigambre constitucional, provincial y nacional, y derecho supranacional, como son los contenidos en los arts. 14, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución nacional; 10, 11, 12, 25, 27 y conc. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

   Solicita la tacha de inconstitucionalidad de dicha normativa con carácter preventivo, toda vez que el día 9-IV-2013 -al alcanzar la edad de 75 años- su situación se vería afectada porque sería pasible de ser incluido en la nómina de notarios alcanzados por la inhabilitación que prevé dicha norma y, en consecuencia, se dictaría la resolución que le impediría seguir ejerciendo su profesión de escribano (v. fs. 12).

   En base a estas consideraciones requiere el dictado de una medida de prohibición de innovar su situación.

   En sustento de su pretensión, invoca lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Naciónin re"Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno)" de fecha 12 de noviembre de 2002, citó los Fallos 245:429; 246:443; 252:186; 255:119; 307:746; 319:3148, así como los precedentes de este Tribunal en las causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; I. 3185, "Gargaglione", sent. de 9-IV-2008; I. 3598, "M.", sent. de 4-VI-2008 e I. 3532, "D.", sent. de 1-X-2008.

   Acompaña prueba documental y ofrece informativa.

2. Por resolución de fecha 17-IV-2013 el Tribunal hizo lugar a la tutela precautoria requerida, ordenando al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar, en relación al escribano A.O., lo dispuesto en el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978. Para así decidir, consideró que se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la invalidez constitucional del mentado precepto (in re"F.", cit., que revocó la sentencia de esta Corte de fecha 16-II-2000), fallo federal que el accionante invocó al demandar y el peligro en la demora con la configuración efectiva de la inhabilidad profesional establecida por la disposición en crisis que, en el caso del demandante, se concretaría al estar próximo a cumplir -en ese momento- los 75 años de edad (v. resol. a fs. 24/26).

3. Corrido el traslado de ley, el Asesor General de Gobierno se allana incondicionalmente a la demanda y en consecuencia solicita la eximición de las costas causídicas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.

4. Oída la señora Procuradora General (fs. 49/52), la causa quedó en estado de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

   C U E S T I Ó N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I Ó N

   A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

1. El demandante aduce que la norma que impugna es irrazonable en tanto cercena intempestivamente su derecho constitucional de poder continuar trabajando en la profesión de escribano como titular a cargo del Registro de Escrituras Públicas 2 del Partido de La Costa, al cumplir los 75 años de edad (el día 9-IV-2013).

   Siguiendo los lineamientos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re"Franco") argumenta en contra de la norma impugnada, en cuanto afecta el derecho de trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional y convenciones incorporadas a ella por su art. 75 inc. 22.

   Por último, considera vulnerado el principio de igualdad (art. 11, C.. prov.), arguyendo que el legislador, sin razón atendible, establece una discriminación en perjuicio de los escribanos que arriban a la edad fijada, sin hacer lo propio respecto de otros profesionales con título universitario, tales como abogados, médicos, ingenieros, etc.

2. A su turno, el señor Asesor General de Gobierno se allana a la acción promovida.

   En sustento de su postura invoca el fallo de la...