La oscuridad en pleno mediodía

El colapso eléctrico que afectó a 800.000 argentinos durante diciembre de 2013 no sólo mostró la incapacidad del Gobierno para asegurar servicios esenciales a la población. También desnudó algo aún más preocupante: el Gobierno privilegia sus intereses políticos frente a las necesidades -incluso las más apremiantes- de la población.

Mientras los cortes se sucedían, durante días y días, el Gobierno permanecía ausente. Mostró la misma cara que ya mostró en otros desastres (Cromagnon, Once): negar la realidad, desentenderse. Ningún kirchnerista está presente para llevar consuelo a quienes sufren. No es lo de ellos. Lo de ellos es rodearse de aplaudidores. Pero esa negación, con ser importante, no es lo principal. Lo principal es que el Estado no compareció para organizar la resistencia a la desgracia.

En el caso del colapso eléctrico, hubiera sido imprescindible declarar el estado de emergencia eléctrica u otro instituto similar. Son situaciones en las que el Estado y la sociedad se alinean para combatir los percances. Se coordinan medidas, se organiza a los afectados, se distribuyen los recursos existentes, se pide ayuda. Nada de eso se hizo. Los afectados quedamos desamparados, sin poder recurrir a nadie, sin información, con las empresas eléctricas ausentes, escudadas en contestadores y con sus sedes tapiadas como fortalezas. Con la población llevada a extremos de desesperación.

Las consecuencias económicas, con ser grandes (alimentos podridos, lucros cesantes comerciales), no pueden compararse a la mortificación de las personas: el colapso eléctrico provocó trece muertes. Hubo gente quemada viva cuando intentaba manipular generadores, niños y ancianos incendiados por velas, otros asesinados durante querellas entre vecinos, electricistas y policías. Muertes anunciadas. Una auténtica temporada en el infierno.

¿Pudieron haberse evitado estas desgracias y sobre todo estas muertes? Sí, o por lo menos pudo haberse atemperado la crispación, la angustia y los pesares ciudadanos si el Estado hubiera cumplido con sus obligaciones. La excusa que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, alegaron (la culpa es de las eléctricas) no es válida. Una cosa es que la prestación del servicio eléctrico esté concesionada a empresas privadas y otra cosa es que el Estado, si éstas no cumplen sus obligaciones, se desentienda de las necesidades primarias, elementales, vitales de la sociedad. Sin contar con que las...