Nueva política migratoria

Como parte de su política de lucha contra el crimen organizado, el Gobierno comenzó a modificar el sistema migratorio endureciendo las exigencias para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, al tiempo que simplifica los trámites para la expulsión de aquellos que delincan. También se creará una policía abocada a controlar nuestras fronteras.

Un flamante decreto dispone la creación de la Comisión Nacional de Fronteras cuyo fin será evitar, como dijo el Presidente, que "el crimen internacional elija nuestro país para delinquir". Esa comisión deberá elaborar una nueva ley de fronteras. Son medidas imprescindibles que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo para no llegar al actual estado de cosas, pues un país que abandona el cuidado de sus fronteras invita a instalarse en su territorio a las principales modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas décadas.

Recordemos las llamativas demoras en las que incurrió el menemismo para informatizar los puestos de frontera y el control del ingreso y egreso de personas -además del otorgamiento ilegal de la ciudadanía argentina al terrorista y traficante de armas y drogas Monzer Al Kassar-, y la política del kirchnerismo ya no de puertas abiertas, sino de una absoluta y cómplice falta de control de nuestras fronteras que redundó, entre otros muchos males, en el notorio incremento del narcotráfico.

El decreto contempla también trámites sumarios para agilizar la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos graves que conlleven penas superiores a los 3 años y de cumplimiento efectivo.

Entre las causas de expulsión se encuentra el haber sido condenado o estar cumpliendo condena, poseer antecedentes penales o una condena no firme en la Argentina o en el exterior por delitos que, según las leyes argentinas, acarreen penas privativas de la libertad.

Sobre ese punto, el presidente Macri afirmó que, en la actualidad, existen casos en los que el trámite de expulsión demanda más de ocho años. Es el del narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada González, a quien, transcurridos ocho años, aún no se lo puede extraditar.

También se pondrá en marcha con otros países un sistema de alerta como el que ya existe con los Estados Unidos, por el cual Washington avisa con media hora de anticipación a la partida de un vuelo si alguien condenado por delitos sexuales o narcotráfico quiere ingresar en...