Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 2 de Mayo de 2023, expediente FPA 021002920/2011/CA001 - CA002

• Fecha de Resolución: 2 de Mayo de 2023
• Emisor: Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

—SALA IV—

EXPTE FPA 21002920/2011/CA2: “MERCADO RICARDO ALEJANDRO

Y OTROS C/EN – M DEFENSA - FUERZA AEREA S/PERSONAL

MILITAR Y CIVIL DE LAS FF AA Y DE SEG”

Buenos Aires, mayo de 2023.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1. ) Que, el 21/2/22 el Sr. juez de grado intimó a la parte demandada a depositar las sumas adeudadas a los actores en el término de diez días, bajo apercibimiento de ejecución.

2. ) Que, contra dicha providencia, el 10/3/22 el Estado Nacional interpuso recurso de revocatoria con el de apelación en subsidio. El a-quo rechazó el primero y concedió el segundo, que no fue elevado hasta el 20/3/23. A su vez, la parte actora contestó traslado de los argumentos esgrimidos el 23/3/23.

   El recurrente sostiene, en esencia, que aún no se encuentra vencido el plazo para que efectúe el depósito de lo adeudado a los actores, conforme a lo establecido en la ley 11.672 y la reserva presupuestaria acreditada en autos.

3. ) Que, previo a todo, cabe reseñar el marco normativo que rige la cuestión, y procura armonizar la administración racional de los fondos públicos con los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia.

   En este sentido, el artículo 22 de la ley 23.982 prevé que “[a] partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá

   comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo” (énfasis añadido).

   A la par de esa disposición, el artículo 68 de la ley 26.895,

   incorporado como artículo 170 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto —to. 2014—, fija las pautas a las que deben someterse para su cancelación las condenas dinerarias a cargo del Estado Nacional y establece que, a falta de crédito presupuestario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfacer el pago, el Poder Ejecutivo “deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las Jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto”. También indica que las condenas serán satisfechas con los recursos que anualmente autorice el Congreso “siguiendo un estricto Fecha de firma: 02/05/2023

   Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA 1

   3461774#367064081#20230502093620553

   orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial”; y que, producido “su agotamiento”, se atenderá “el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente” (énfasis añadido).

   A su turno, el artículo 165 de la ley 11.672 (t.o.2014) prescribe que “[l]os fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO NACIONAL…son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos” (fuente: ley 24.624,

   arts. 19 y 59); mientras que el artículo 167 del mismo cuerpo legal aclara cómo se tendrá

   por acreditado el cumplimiento de la comunicación al Congreso de la Nación “que impone el Artículo 22 de la Ley Nº 23.982 a los fines de la inembargabilidad de fondos,

   valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO NACIONAL”, esto es, “mediante la certificación que en cada caso extienda el Servicio Administrativo-Contable del organismo o entidad involucrada”

   (fuente: ley 25.401, arts. 94 y 116; énfasis añadido).

4. ) Que, de acuerdo con conocida jurisprudencia de la Corte federal,

   el carácter meramente declarativo de las sentencias contra la Nación -establecido en el art. 165 de la ley 11.672 (t.o. 2014)-, tiende a evitar que la Administración pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento judicial por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública. Pero ello no significa una suerte de autorización al Estado para incumplir las sentencias judiciales,

   pues importaría colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no cabe descartar...