Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Septiembre de 2023, expediente FBB 007592/2022
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA |
Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 7592/2022/CA1 – S.I.–.S.. 1
Bahía Blanca, 7 de septiembre de 2023.
VISTO: El expediente Nº FBB 7592/2022/CA1, caratulado: “MATARAZZI,
H.C. c/ AFIP s/ Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”,
venido del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, puesto al acuerdo para resolver los
recursos de apelación interpuestos a f. 77 y 78 contra la sentencia de fs. 71/76.
El señor Juez de Cámara, doctor P.E.L. dijo:
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El Titular del Juzgado resolvió hacer lugar a la demanda
entablada por el actor contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, declaró
la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias
(art. 82 inc. “c”, t.o. según Decreto N° 824/2019), normas complementarias y
reglamentarias de la misma, como también la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de
la Ley 27.617 y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que se
abstenga de descontar suma alguna por impuesto a las ganancias sobre el haber
previsional del actor.
A su vez, condenó a la demandada a reintegrar al actor las
sumas retenidas por tal concepto por todo el período no prescripto (cinco años desde la
interposición de la demanda) y mientras le hayan sido descontadas desde entonces,
con más los intereses debiendo calcularse los mismos desde la fecha de interposición
de la demanda y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva mensual que publicó
la AFIP en cumplimiento de la Resolución N° 598/19 y una tasa de interés del 3,84%
mensual, a partir del 01/09/22, conforme la Resolución N° 559/22 del Ministerio de
Economía.
Finalmente, impuso las costas por su orden, de conformidad con
lo resuelto por el Alto Tribunal (art. 68, 2º párrafo del CPCCN) y difirió la regulación
de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que denuncien su situación
previsional y acrediten la impositiva actual.
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Contra el decisorio en cuestión, la apoderada de la demandada
recurrió a f. 78 y fundó sus agravios a fs. 80/92, en que: a) la sentencia recurrida, al
condenar a su representada a reintegrar a la actora las sumas retenidas, ha soslayado el
hecho de que el objeto de la pretensión, atento a la naturaleza de la acción, se
encuentra limitado pura y exclusivamente a una declaración de inconstitucionalidad,
es decir, de certeza y no de condena; b) las normas jurídicas cuestionadas en estos
Fecha de firma: 07/09/2023
Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA
actuados superan el control de constitucionalidad; solo tributan aquellos jubilados
cuyos haberes superen la deducción agravada dispuesta, superior a seis veces la suma
de los haberes mínimos garantizados definidos en el artículo 125 de la Ley N.º 24.241,
es decir la obligación tributaria cuestionada encuentra su origen en una ley dictada por
Congreso de la Nación (ley 27.610), en consonancia con el principio de legalidad que
rige en materia tributaria conforme los artículos 4 y 17 de la Constitución Nacional y
no afecta la integridad de las prestaciones de la Seguridad Social, ni violenta el
principio de no confiscatoriedad; c) en relación al fallo “G., manifestó que la
Corte puso especial consideración sobre las condiciones de vulnerabilidad por
ancianidad o enfermedad de jubilados, y que el J. asimila sin mayor análisis la
situación personal del accionante al caso particular de G., sin que el actor haya
invocado ni comprobado que se encuentran comprendido en la situación de
vulnerabilidad analizada por el Máximo Tribunal y de ser admitida la pretensión,
obtendría una situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que
afrontan el impuesto; d) la doctrina del “leal acatamiento” en la que se asienta el fallo
recurrido, no ha sido correctamente aplicada, en tanto no se tratan de precedentes
análogos; e) más allá de lo dicho en torno a la constitucionalidad del tributo y a la
inaplicabilidad del precedente “GARCIA” al caso, señaló que la sanción de la Ley N°
27.617 sella la suerte de cualquier subsunción de la pretensión de demanda a dicho
precedente y sus posteriores.
En subsidio, sostuvo que conforme el precedente “G.” dela
CSJN el reintegro a ordenarse en caso de declararse la inconstitucionalidad de las
normas impugnadas se circunscribe a las sumas retenidas en concepto de impuesto a
las ganancias desde la interposición de la demanda. En caso de confirmarse el cese de
retención del gravamen sobre los ingresos de la parte actora, debe ordenarse la
comunicación de dicha medida a quien debiera ser el destinatario de la misma, esto es,
el agente de retención del caso.
2.1 Por otra parte, la representante del actor también apeló a f.
77 y expresó agravios a fs. 93/100.
Centró sus críticas respecto a las costas, ya que conforme al
principio objetivo de la derrota, contemplado en nuestro ordenamiento ritual como una
Fecha de firma: 07/09/2023
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Poder Judicial de la Nación Expte. Nº FBB 7592/2022/CA1 – S.I.–.S.. 1
regla general (art. 68, CPCCN), las costas debieron imponerse a la demandada vencida
ya que se opuso categóricamente y ofreció resistencia a la pretensión de la actora.
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Efectuado los traslados de los respectivos memoriales por el
término de ley, las partes contestaron a fs. 102/111 y a fs. 112/114.
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Previo a ingresar al tratamiento de los agravios, cabe dejar
sentado que los representantes del actor solicitaron se declare la inconstitucionalidad e
inaplicabilidad de los arts. 23 inc. c.; 79 inc. c.(actual 82 inc. c según decreto 824/19);
81 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias N°20.628, según texto de la Ley n°
27.617, la resolución 2437/2000 de la AFIP y de cualquier otra norma, reglamento,
circular o instructivo que se dictare en consonancia con la citada, esto es, el cese en la
USO OFICIAL
retención y oportunamente la devolución de las sumas descontadas
inconstitucionalmente, desde los cinco (5) años anteriores, conforme lo establecido en
el art. 56 de la Ley 11683, con más sus intereses a la fecha del efectivo pago ya en
cuanto las normativa citada lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad
e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución
Nacional y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a
nuestro derecho.
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En primer término, cabe dejar sentado que el art. 14 bis de
nuestra Constitución Nacional establece que los beneficios de la Seguridad Social
tendrán carácter integral e irrenunciable.
El Estado tiene la obligación de mantener el principio de
progresividad a los derechos de la población pasiva, y velar por la integralidad de los
haberes, criterio que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente “S., M. del Carmen c/ANSES s/ Reajustes Varios” (Fallos:
328:1602), en el cual estableció que: “Los tratados internacionales vigentes, lejos de
limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas
necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos,
compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades
legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en
1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los
derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos…” y remarcó:
Que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de
Fecha de firma: 07/09/2023
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pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que
reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima
vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de
naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes
efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario
mínimo vital y móvil dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación,
asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna encuentran su correlato en las
jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores
cuando entran en pasividad…
.
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Entrando a resolver, resulta dable aclarar que, a mi modo de
ver, y conforme lo sostuve en precedentes análogos, tal como lo manifestó el
magistrado actuante en la sentencia apelada, la aplicación al caso del precedente en
cuestión (Fallo “G.”) no se ve modificada con la sanción de la ley 27.617 ya que,
si bien ésta introduce ciertas modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias
(como lo es, entre otras, la elevación de las deducciones de los jubilados y
pensionados, de 6 a 8 haberes mínimos), lo cierto es que se mantuvo la pauta de “un
monto” para la imposición de este tributo a las jubilaciones o pensiones, sin considerar
la vulnerabilidad vital de este colectivo como pauta de diferenciación tributaria, tal
como allí lo exigió la CSJN.
Es decir, la nueva ley no modifica la estructura en la que estaba
tipificado el tributo con relación a los jubilados y pensionados (hecho imponible,
deducciones, base imponible y alícuota), manteniéndose la subcategorización
mediante un criterio estrictamente patrimonial (fijando un mínimo no imponible, ahora
más elevado) lo que, a criterio de nuestro Máximo Tribunal, resulta contrario a nuestro
N.F..
Por ello, no corresponde hacer lugar al agravio planteado por la
demandada en este punto.
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Aclarado cuanto precede, cabe precisar que la cuestión de
autos es sustancialmente análoga a lo resuelto por el Máximo Tribunal con...
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