Mapuches y Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Nimia Apaza nos envió el siguiente dato:

Cómo explicar lo inexplicable

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado argentino un informe sobre la violenta represión contra los mapuches de Villa La Angostura, que fueron desplazados de sus tierras a la fuerza, para entregárselas a un inversor estadounidense.

Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.

Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.

Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas...