Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 1 de Junio de 2010, expediente 12.420

Fecha de Resolución 1 de Junio de 2010

Año del Bicentenario Cámara Nacional de Casación Penal CAUSA Nro. 12420 – SALA II

L.J., R.J. s/ recurso de casación

Registro Nº: 16.495

n la Ciudad de Buenos Aires, a los 1º días del mes de junio del año dos mil diez, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor W.G.M. como P. y los doctores G.J.Y. y L.M.G. como Vocales, asistidos por la Prosecretaria Letrada doctora Sol Déboli, a los efectos de resolver en los términos del art.

455, C.P.P.N., el recurso de casación presentado por la defensa contra la sentencia de fs. 107/110, de la causa número 12.420 del registro de esta Sala caratulada “L.J., R.J. s/ recurso de casación”, representado el Ministerio Público Fiscal por el Sr. Fiscal General, doctor R.O.P.,

y la defensa de R.J.L.J. por el Dr. H.C.M..

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto,

resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor Luis M.

García y en segundo y tercer lugar los jueces doctores W.G.M. y G.J.Y., respectivamente.

El señor juez doctor L.M.G. dijo:

-I-

Que vuelve la causa al estudio de esta S. en virtud de la impugnación dirigida contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional Federal, en la causa nº 28.437 de su registro, en la que se denegó la excarcelación a R.J.L.J. (ver fs. 107/110)

Contra dicha resolución, la defensa de R.J.L.J. dedujo recurso de casación (cfr. fs. 114/117) y fue concedido a fs.

122/122vta..

-1-

-II-

El recurrente indicó que la decisión que cuestiona “nuevamente incurrió en generalidades que no atienden a la situación personal de L.J. y que bien pueden ser aplicadas a cualquiera de los numerosos imputados en las causas que nos ocupan”, desatendiendo los lineamientos del pronunciamiento emitido oportunamente por esta Sala. Agregó que “el rechazo de la solicitud de excarcelación de L.J. por el magistrado de instancia anterior se basó exclusivamente en que la “seriedad del delito” que se le endilga y el monto de pena que eventualmente podría imponérsele,

permitiría suponer que mi pupilo podría intentar sustraerse al accionar de la justicia”.

Asimismo, sostuvo que, la falta de análisis por parte del Tribunal de las pautas impuestas por el art. 319 del código ritual hacen suponer que la negativa a otorgar el beneficio se basó únicamente en la escala penal y la naturaleza del delito que se le reprocha al imputado.

Por último, entendió que la aplicación instrumental de los principios contenidos en los arts. 18, 14 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 9 y 14

del Pacto Intencional de Derechos Civiles y Políticos, reclaman que la facultad jurisdiccional de limitar la libertad personal mediante la imposición de una medida cautelar sea interpretada dentro de los límites impuestos por el art. 280 del C.P.P.N., esto es, “sólo en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley”.

-III-

Que se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 465 bis del C.P.P.N., con la presencia del Dr. H.C.M. (cfr. fs. 130).

-IV-

Que el recurso de casación es formalmente admisible pues, si -2-

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L.J., R.J. s/ recurso de casación

bien la decisión de fojas 107/110 no es ninguna de las enumeradas en el art.

457 C.P.P.N., el Tribunal debe conocer de la impugnación porque los efectos inmediatos que produce la ejecución de la medida de prisión cautelar son de imposible reparación por la sentencia definitiva. Además, los agravios han sido presentados de una manera en la que prima facie se encuentra involucrada una cuestión de naturaleza federal, pues se postula que el art. 319

del C.P.P.N., habría sido interpretado y aplicado de un modo inconciliable con los arts. 18, 14 y 75, inc. 22 C.N., 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, ese planteo impondría su tratamiento por vía del recurso de casación en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, B.H.”), que ha erigido a esta Cámara como tribunal intermedio y la ha declarado “facultada para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales"

(consid. 11).

-V-

Ahora bien, en la intervención del 24 de febrero de 2010 esta Sala resolvió, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación y anular el pronunciamiento de fs. 50/51 que había denegado la excarcelación de R.J.L.J., y dispuso que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictara un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios allí expuestos (cfr. fs. 98/100 vta.).

En ese momento, en el voto de la mayoría se hizo referencia,

entre otras, a la causa nº 10.919, “Vigo, A.G. s/rec. de casación”,

(rta.: 02/06/2009, reg. nro.: 14.585), en la cual se desarrolló de manera extensa la interpretación sobre el alcance de los arts. 312, 316 y 317, inc. 1º,

C.P.PN., en relación con los arts. arts. 18, CN; 9, P.I.D.C.P.; y 7 C.A.D.H.,

concluyendo que el a quo no había dado argumentos pertinentes a la luz de la -3-

ley y la Constitución, para justificar la denegación de la excarcelación del imputado.

En particular, ya en aquella oportunidad se señaló que la decisión recurrida no satisfacía el estándar de interpretación sentado por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario nº 13 (“D.B., R.G. s/recurso de inaplicabilidad”, Acuerdo del 30/10/2008)

que ha establecido la siguiente doctrina: “no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

En la sentencia que ahora viene en recurso se ha manifestado que de la anterior intervención de esta Sala “…no cabe derivar de la resolución del superior una afirmación directa de su parte en torno a la inexistencia de riesgos procesales que justifiquen el encierro preventivo de este imputado,

pues de ser así, la propia S.I. de la C.N.C.P. habría resuelto su libertad en lugar de reenviar las actuaciones a esta instancia para examinar nuevamente la cuestión” (fs. 107 vta.).

Esta afirmación, además de desconocer la restringida jurisdicción de esta Cámara en cuestiones como las que aquí se discute, y la de ese tribunal para conocer, de acuerdo a la amplitud que acuerda la normativa al recurso de apelación en virtud del cual ejerce la propia, no toma en cuenta el expreso fundamento brindado por la mayoría de esta S. al momento de disponer el reenvío para que, “…con arreglo a los criterios que fueron establecidos en aquel voto y ajustándose a la doctrina plenaria sentada por esta Cámara[,…] tomando en cuenta las circunstancias del caso y del imputado, sobre las que este Tribunal no tiene un exhaustivo conocimiento atento a la naturaleza incidental de la decisión recurrida”, se dicte un nuevo pronunciamiento (fs. 100 vta.).

Este Tribunal ha advertido antes de ahora, que no satisfacen las exigencias del art. 123 del CPPN decisiones tipo, construidas con argumentos -4-

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genéricos, cuando se trata de resolver incidencias que exigen la consideración de circunstancias concretas del caso y del imputado. En la causa Nº 10.680

M., A.R. s/ recurso de casación

(rta. 20/4/09, reg.

14.291) se advirtió que: “El carácter genérico de la argumentación sin conexión concreta con el imputado A.R.M. es evidente. Si se suprime del texto de la decisión su nombre, queda en evidencia que ésta constituye un modelo tipo de argumentación que se podría emplear respecto de cualquier imputado de delitos de la misma naturaleza”.

La reiteración de “decisiones tipos”, cuando se trata de imputación de delitos que constituyen violaciones graves, sistemáticas y masivas de los derechos humanos, o de “lesa humanidad”, conduce como resultado a que en esos casos, la prisión preventiva es imperativa, su duración puede extenderse en el tiempo de modo indefinido, y jamás procede la excarcelación antes de la sentencia final.

Desde esa óptica, entiendo que ahora debe examinarse si en la nueva decisión recurrida el a quo ha superado el efecto que había dado lugar a la anulación anterior mencionada.

-IV-

La decisión denegatoria se ha basado, en síntesis, en los siguientes criterios: a) la extrema gravedad de los hechos imputados y la pena que podrían corresponderle (punto II., letra c) y b) otros criterios que el a quo consideró pertinentes a tenor del art. 319 C.P.P.N. (punto III).

  1. En la decisión recurrida se puntualizó que R.J.L.J. fue procesado en el marco de la causa nº 26.790, “…en relación a la comisión de los delitos de imposición de tormentos en forma reiterada (51 hechos), en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada (146 hechos), en concurso real con tormentos seguidos de muerte en forma reiterada (2 hechos), todos ellos en calidad de partícipe necesario (…). Asimismo, con fecha 23 de junio de 2009 el juzgado instructor -5-

    amplió el auto de procesamiento con prisión preventiva por considerar a R.J.L.J. partícipe necesarioen la cmisión de los delitos de imposición de tormentos en forma reiterada (15 hechos), en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada en forma reiterada (97 hechos),

    en concurso real con privación ilegal de la libertad con resultado muerte en forma reiterada (2 hechos)”.

    ...

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