La lucha de un padre para conocer a su hija abrió el camino a varias indagatorias

Una mujer que pocas horas después de dar a luz entregó a su hija, y el matrimonio que se quedó con la beba y tramitó su adopción en la justicia de Entre Ríos serán indagados como acusados del delito de sustracción y retención de un menor de 10 años.

También serán indagados otros siete sospechosos, entre ellos Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.

Así lo resolvió la jueza en lo criminal y correccional porteña Alicia Iermini, al hacer lugar al pedido del fiscal Ignacio Mahiques. El delito de sustracción y retención de menores de 10 años tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

La resolución de Iermini y el dictamen del fiscal Mahiques representan un fuerte apoyo a la lucha de Leonardo Fornerón, el padre biológico de la menor, que desde junio de 2000 mantuvo una lucha judicial para recuperar a su hija, que fue entregada sin su consentimiento.

En su dictamen, Iermini afirmó que todos los citados a indagatoria son "convocados bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenarse sus detenciones en caso de inasistencias injustificadas".

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor.

En 2011, Fornerón declaró en la CIDH. Su testimonio fue conmovedor. No pudo ocultar las lágrimas cuando hablaba de su hija. Y afirmó que el juez de primera instancia [por Del Valle] le dijo que no le daba la tenencia de su hija porque era pobre y que el matrimonio que tenía la guarda para adopción tenía una buena posición económica.

"La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en la presentación del fiscal], en el que asumieron un rol protagónico Diana Enríquez [madre biológica], el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a...