Leyes de necesidad y urgencia

En los papeles son más presentables que los decretos de necesidad y urgencia (DNU), pero en los hechos no difieren demasiado. Las leyes sancionadas en las últimas semanas (abastecimiento, pago soberano, Códigos Civil y Comercial, hidrocarburos, presupuesto 2015) y las que el gobierno de Cristina Kirchner prevé aprobar de igual forma en las próximas (Código Procesal Penal, comunicaciones), se despachan tan rápido como los DNU o la emisión de pesos sin respaldo. La función del Congreso se reduce a la obediencia debida de los bloques mayoritarios del oficialismo para votarlas a libro cerrado y al rol testimonial de los bloques opositores minoritarios para hacerlo en contra. Sin atisbo de negociación o de acuerdos políticos sobre sus contenidos, los dictámenes y los discursos en el recinto sólo sirven para cumplir las formas.

Con estas leyes, el kirchnerismo apunta a su necesidad de retener poder en el tramo final de su gestión. Pero muchas cambian reglas presentes y futuras, condicionan al gobierno de cualquier signo que vaya a sucederlo a fin de 2015 y van en sentido opuesto a la necesidad de mayores inversiones privadas para que la economía vuelva a crecer. Así, resulta insólito que CFK acuse a la oposición de pretender derogarlas o modificarlas a partir de 2016, a menos que se avale su discutible teoría de que estas reformas exprés, que requerirían meses de debate, deberían ser irreversibles.

La nueva ley de hidrocarburos es, en este contexto, un caso especial. En el sector petrolero hay consenso en que era necesaria una reforma de la vetusta ley vigente -sancionada en la época de Onganía- especialmente para cuantificar y desarrollar los recursos de la prometedora formación de Vaca Muerta. Pero nadie prevé un boom de inversiones para apuntalar urgentemente las reservas del Banco Central en 2015, como espera obtener el Gobierno con los beneficios otorgados principalmente a YPF, a sus actuales o futuros socios y a las demás compañías privadas que ya operan en el país. También hay coincidencias en que, para recuperar el autoabastecimiento perdido en la "década ganada", no basta con una nueva ley si no cambia la política energética y macroeconómica. Se necesitarán unos cuantos años, además de inversiones del orden de 20.000 millones de dólares anuales durante la próxima década, que exceden la capacidad operativa y financiera de YPF y del Estado.

A grandes rasgos, la denominada "ley Galuccio" transforma en régimen legal el "decreto Chevron"...