Fueron leves en la última década las sanciones por infracciones electorales

Las irregularidades que cometen los partidos políticos no se penalizan con tarjetas rojas ni castigos ejemplares. Cuando los candidatos tienen problemas con sus cuentas, o sus balances no cierran, la justicia electoral sólo puede imponer multas leves o, como máximo, cortar los fondos que entrega el Estado para hacer campaña.

La multa más severa que sufrió un partido nacional en los últimos diez años fue de $ 265.000, según se desprende de los cientos de registros históricos que analizó LN Data. En la década que se inició con la triste y célebre campaña de la efedrina que financió a Cristina Kirchner en 2007, sólo cinco agrupaciones sufrieron la sentencia más grave y dejaron de percibir los aportes públicos para financiar una elección.

El Frente para la Victoria (FPV) fue la alianza más sancionada a nivel nacional. Acumuló 47 multas, una suspensión del dinero público y una pérdida total de los fondos del Estado para el funcionamiento institucional del Partido de la Victoria, que integraba la alianza. La Coalición Cívica tuvo 15 sanciones, la Unión Cívica Radical sufrió 11 y Pro recibió seis. ¿Por qué fueron multados? Mayormente por no entregar en tiempo y forma sus balances, informes de ingresos y gastos de las campañas y otros documentos contables de los partidos.

Las irregularidades se acentúan cuando la batalla de poder es a todo o nada. Los partidos sumaron la mayor cantidad de sanciones cuando la presidencia estuvo en juego: se registraron 12 sanciones en 2007, 21 en 2011 y 24 en 2015. Entre estos último datos, incluso, no está contabilizada la suspensión de los aportes públicos decidida el viernes por la jueza María Romilda Servini.

"Imaginemos el peor escenario: un banda narco decide financiar la campaña de un candidato con posibilidades. Ponen mucho dinero. Entregan el balance con todas las irregularidades posibles. O, mejor dicho, lo entregan casi en blanco. ¿Qué podemos hacer? La sanción más severa es quitarle los recursos públicos para la siguiente elección. Nada más", argumentó una alta fuente de la justicia electoral.

Las herramientas que entregan las leyes de financiamiento político son poco severas para castigar a los candidatos que se solventan con dinero negro o dibujan sus balances. A la hora de imponer sanciones, la justicia electoral se apoya en la ley 26.215, de 2007, que como pena máxima castiga "con la pérdida del derecho a recibir todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de uno a cuatro años, y los...