Cuando la 'justicia' es criminal: linchamientos en la América Latina contemporánea
| Autor | Angelina Snodgrass Godoy |
| Páginas | 23-51 |
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Cuando la “justicia” es criminal: linchamien tos
en la América Latina contemporánea1
Angelina Snodgrass Godoy
Washington University, Seattle
Resumen introductorio
Durante la década de los 90, en toda América Latina se observó un
incremento en los linchamien tos populares de presuntos criminales
en manos de grandes multitudes. Aunque, con frecuencia, se cree que
estos incidentes involucran actos de violencia espontáneos, deplorables y
aleatorios, o bien suponen un retroceso hacia el pasado, en este artícu-
lo armo que estos episodios representan actos decisivos, inuyentes y
profundamente políticos. La mayoría de la literatura sobre el tema tien-
de a considerar la violencia actual como un fenómeno, principalmente, de
“arriba hacia abajo” –ejercida por el Estado en contra de los ciudadanos,
los terratenientes en contra de los campesinos y los mestizos en contra de
los indios– sin embargo, estos sucesos revelan un nuevo tipo de violencia
que se origina “desde abajo”. Entiendo que los linchamien tos sugieren un
intento de las comunidades sitiadas por rearmar su autonomía luego de
décadas de repetidos ataques por parte de un Estado militarizado, elites
locales, economía globalizada y otros adversarios. Al ejercer estas manifes-
taciones públicas de “justicia” –sumamente ritualizadas– las comunidades
marginadas buscan no solo castigar y disuadir la actividad criminal sino,
quizás lo más importante, rearmarse colectivamente como agentes más que
como víctimas. De este modo, los linchamien tos pueden dejar al descu-
bierto un lado oscuro de lo que se llama “democracia” en la región.
“El 20 de octubre del año 2001, una multitud de campesinos atrapó a tres hom-
bres acusados de robar dos cajones de soda, algunos fertilizantes y golosinas de
una granja en Guatemala, y al día siguiente una muchedumbre se reunió para
verlos morir. Los habitantes de algunas de las 14 aldeas cercanas, se congrega-
ron en Matucuy, Purulha, Baja Verapaz, para presenciar el linchamien to de José
IcalXip (34 años), Juan Cuc (23 años) y Rene Alfredo Cho (15 años). Pese a las
fallidas intervenciones de las autoridades de derechos humanos internacionales
1 Trad. y revisión aprobada por la autora, de D. Zysman Quirós y colaboradoras. Este
artícu lo apareció originalmente en la Revista de Derecho Penal y Criminología, LL, marzo
2015, a quienes agradecemos especialmente su autorización para esta publicación. El formato
ha sido ajustado para este volumen.
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Angelina Snodgrass Godoy
y locales, los tres hombres fueron colgados y sus cuerpos quemados. Cuando la
Policía Nacional Civil logró llegar al lugar luego de enfrentarse con los habitan-
tes locales que los mantenían acorralados, los cuerpos habían sido enterrados y
la mayoría de los responsables del linchamien to habían huido (Martín, 2001;
López, 2001).
En Huejutla, Hidalgo, México, el 24 de marzo del año 1998, la policía detuvo
a dos presuntos miembros de una banda de secuestradores; al día siguiente la
estación de radio local anunció, en dieciséis emisiones diferentes, que los hom-
bres pronto serían puestos en libertad y llamó a la población local a “impedir”
su liberación. En cuestión de horas, cientos de habitantes fueron al juzgado,
encerraron al juez y a su equipo adentro, destrozaron dos patrullas policiales
y saquearon los edicios municipales, rociando a algunos de ellos con gasolina.
Por la fuerza sacaron a los sospechosos de la cárcel, los llevaron a la rastra hacia
la plaza principal y los golpearon hasta matarlos. El cuerpo ensangrentado y
sin vida de uno de los hombres fue colgado en la glorieta de la plaza central
(Quiñones, 2001).
Enfurecidos por el reciente asesinato de un niño de seis años, los habitantes de
Mariara, Venezuela, secuestraron, el 16 de abril del año 2001, a Omar Pérez
Gallardo de 41 años. Luego de llevarlo a la casa del niño, donde la aigida
madre dijo reconocerlo, la multitud lo atacó y lo hubieran matado si no fuese
porque la Policía llegó al lugar para salvar su vida. Más tarde, esa misma noche,
unas cuatrocientas o quinientas personas –entre quienes se encontraba el alcal-
de– se reunieron en el pequeño hospital donde el sospechoso se recuperaba de
las heridas y amenazaron con prender fuego todo el establecimien to si el señor
Pérez no era entregado. Fue golpeado hasta la muerte en la Plaza Bolívar; un
brazo fue sacado de su cuerpo y colgado de un árbol, el resto del cuerpo fue
prendido fuego en la plaza en medio de una enardecida protesta en contra de la
desenfrenada actividad criminal en la región. Como parte de esta protesta, los
habitantes ocuparon y cerraron temporalmente la carretera regional. Luego se
reveló que el señor Pérez era inocente de todos los cargos; aparentemente había
sido confundido con un asesino serial legendario conocido como el ‘Monstruo
de Mariara’”2.
Estos relatos, aunque resultan escalofriantes, no representan casos
aislados. En Guatemala, desde el año 1996 hasta el año 2002, la Misión de
Vericación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) documentó
482 linchamien tos3 en el país, un promedio de casi seis linchamien tos por
2 “Comunidad de Mariara se rebela contra el alto índice de inseguridad”, El Universal,
18/04/2001; “Apresado el violador y homicida de Mariara”, El Universal, 14/05/2001; “Ma-
riara de todos los monstruos”, El Universal, 13/05/2001.
3 Aunque el término “linchamien to” suele referirse a una práctica particular en el contex-
to de los EE.UU. –los lectores podrán tener en mente los asesinatos por motivos raciales,
mediante el ahorcamien to, en el periodo de la posguerra en el sur de EE.UU.–, en el contexto
de América Latina, los métodos de ejecución son muchos y no parecen tener ninguna pauta
que los relacione con la dominación racial. Para los nes de este artícu lo, los linchamien tos se
reeren a los incidentes de violencia física cometidos por grandes cantidades de ciudadanos
privados en contra de uno o varios individuos acusados de haber cometido una infracción
“criminal”, pueden o no resultar en la muerta de la(s) víctima(s). Por lo tanto, las confronta-
ciones entre grupos armados, acciones militares, disputas sobre la tierra que pueden dar lugar a
asesinatos, muertes por venganza o ajuste de cuentas y otros tipos de violencia no se consideran
“linchamien tos”. La cantidad de linchamien tos citados aquí se reere al número de incidentes,
no al número de víctimas; de hecho, en muchos casos, estos actos tienen múltiples víctimas.
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