Jueces y fiscales ven un avance de la política sobre la Procuración

No se trata de un grupo de kirchneristas resistiendo en soledad. La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) que impulsa el Gobierno reúne la oposición de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, un grupo de ONG vinculadas a temas de justicia y fiscales enemistados con el gobierno anterior.

Al margen de la postura que cada uno de esos sectores tiene sobre la continuidad de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, todos coinciden en que la reforma otorga facultades excesivas al poder político, y vulnera la independencia y autonomía del MPF.

Las principales objeciones son las facultades "excesivas" que se le da a la comisión bicameral de seguimiento y control del MPF, la participación del Consejo de Seguridad Interior en la elaboración de la política criminal y la intervención del Poder Ejecutivo en los concursos para la designación de fiscales.

La comisión bicameral estaba prevista en la ley de Ministerio Público, sancionada en 1998, pero sólo fue creada este año, como condición del massismo para apoyar la reforma. Según el dictamen, esa comisión bicameral, que preside la diputada massista Graciela Camaño, se transforma en un organismo con poder de veto sobre numerosas decisiones que hoy corresponden al procurador.

En concreto, la comisión debe aprobar la conformación de las fiscalías de distrito, las designaciones de los fiscales coordinadores de distrito, de los titulares de las procuradurías especializadas y de los directores del MPF. También debe aprobar el traslado de fiscales y la designación interina de cargos vacantes.

La intervención del Consejo de Seguridad -un órgano presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- en la elaboración de la política criminal está contemplada en varios artículos del proyecto. El artículo 10 prevé que los titulares de las procuradurías especializadas planifiquen la política de persecución penal "bajo los lineamientos fijados por el procurador y el Consejo de Seguridad Interior".

El Poder Ejecutivo tiene también incidencia en los concursos, dado que el dictamen prevé que el cuerpo de selección de los fiscales tenga tres integrantes: un fiscal, un jurista invitado y un representante del Ministerio de Justicia.

"Somos críticos de Gils Carbó, pero tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Este proyecto...