Jobim, Vannuchi y la memoria brasileña. Frei Betto

• Autor: Rodolfo Capón Filas

Lula habría prometido revisar tres o cuatro puntos del Programa, como son los relativos a la exigencia de instalación de una Comisión de la Verdad, la apertura de los archivos militares y la retirada de las vías públicas de nombres de personas notoriamente conniventes con la represión de la dictadura.

El ministro Paulo Vannuchi, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, cumple honradamente su deber de ciudadano y de autoridad pública: se empeña para que la verdad salga a la superficie. El Brasil es el único país de América Latina asolado en el pasado por una dictadura militar que prefiere mantener bajo la manta los crímenes cometidos por agentes públicos.

La ley de amnistía, aprobada por el gobierno del general Figueiredo, es una aberración jurídica. Una amnistía se aplica a quien fue investigado, juzgado y castigado. Lo que nunca sucedió en el Brasil con los responsables de torturas, asesinatos y desaparecimientos. Quienes lucharon contra el régimen militar y por la redemocratización del país fueron, ellos sí, severamente castigados. Que lo digan Vladimir Herzog y Frei Tito de Alencar Lima.

La tortura es un crimen aborrecible, imprescriptible e inexcarcelable aun bajo fianza. Al exigir que se aclare la verdad sobre el período dictatorial, el ministro Vannuchi y todos los que le apoyamos no estamos motivados por el revanchismo. Nunca hemos pretendido hacerles a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros. Se trata de justicia: descubrir el paradero de los desaparecidos; entregar a sus familias los restos mortales de los que fueron asesinados y enterrados clandestinamente; comprobar que no todos los militares fueron conniventes con las atrocidades cometidas por el régimen, en nombre de la Seguridad Nacional; librar a las Fuerzas Armadas de la influencia de figuras antidemocráticas que exaltan la dictadura y encubren la memoria de sus crímenes.

El presidente Lula no merece...