Inquietud de jueces y fiscales por la aplicación de las leyes penales

Un de ley que regularán el funcionamiento de la justicia penal vuelve a enfrentar al Gobierno con un sector importante de los tribunales. Otra vez, jueces y fiscales dicen tener sospechas de que el kirchnerismo , con un paquete de leyes, el Poder Judicial.

El conflicto es por las leyes complementarias que se necesitan para que empiece a regir el nuevo Código Procesal Penal, sancionado el año pasado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, un código que establece un sistema acusatorio, donde los responsables de las investigaciones serán los fiscales y ya no los jueces. El conflicto es por la letra chica de esa reforma.

El martes pasado se reunieron en la Cámara del Crimen 31 jueces penales con un representante del Ministerio de Justicia, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, que trabajó en los proyectos. Fue una reunión dura, de casi tres horas. Los magistrados presentes (casi todos jueces de instrucción y algunos camaristas) criticaron las iniciativas, acusaron al Gobierno de pretender refundar la justicia penal con gente propia y pidieron explicaciones, pero eran tantos que el diálogo fue caótico. Quedaron en volver a reunirse. Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que nada está cerrado y que están "analizando reformas en función de la devolución que hicieron los jueces".

Una de las quejas principales fue que el Gobierno decidió que el proceso de implementación empiece por la justicia ordinaria de la Capital -o sea, por ellos- y no incluya en esta etapa a la justicia federal. Los jueces sospechan de un intento de pacto de no agresión entre el kirchnerismo y sus colegas federales de Comodoro Py, los que tienen a su cargo los casos de corrupción y pueden complicar mucho a este gobierno.

"No se advierte cuál es el sentido lógico para no incluir a la justicia federal. Nos parece una aplicación totalmente política -dijo a LA NACION Miguel Caminos, juez de un tribunal oral que estuvo en la reunión-. Nos preocupa el destino de los funcionarios y empleados que trabajan hoy en la Justicia y no se entiende cuál es la necesidad de empezar con un código a un mes de las elecciones, dejando armada una comisión como la que crean."

Polémica comisión

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