Ingeniería para la impunidad

La Corte Suprema frenó a tiempo uno de los eslabones del plan del kirchnerismo para someter al Poder Judicial, al considerar nulo e inconstitucional el nombramiento de conjueces en su mayoría afines al oficialismo como miembros provisorios del máximo tribunal, cuyo propósito no era otro que consagrar la impunidad frente a los numerosos y graves escándalos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales.

Sin embargo, la feroz arremetida del Poder Ejecutivo Nacional contra la Justicia continuará mediante los intentos por presionar y amedrentar a los magistrados que avancen en la investigación de causas sensibles para el poder político. Ninguna otra conducta puede esperarse de un gobierno que ha dado sobradas muestras de descreer de las instituciones y de no aceptar que ningún otro poder intente siquiera ponerle límites.

El peligroso avance del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el Poder Judicial encuentra numerosos indicadores, tales como la desestimación de la grave denuncia de Alberto Nisman, luego de que ésta quedara a cargo de un fiscal de la Cámara de Casación identificado con el kirchnerismo; las propuestas de nombramiento de jueces y de fiscales militantes, que ni siquiera figuran entre los mejores calificados en los concursos convocados para cubrir cargos vacantes; el aumento de las atribuciones de la procuradora Alejandra Gils Carbó, o el control por parte del oficialismo de la comisión que instrumentará la reforma del Código Procesal Penal, entre otras muchas iniciativas.

Hay un denominador común detrás de todas esas noticias: la continua búsqueda de impunidad. Pero esta conclusión no capta la real perspectiva del gravísimo problema que aqueja a la Argentina desde hace mucho tiempo y que, en los últimos años, ha llegado a una hondura sin precedentes. No parecemos advertir como sociedad todo lo que está en juego, ni tampoco que es a raíz de estos ataques institucionales que nuestro país se encuentra estancado desde hace mucho tiempo.

En efecto, el hecho de que el poder político haya logrado diluir o desbaratar importantes investigaciones penales es consecuencia de que, durante todos estos años, ha venido desarrollando una auténtica ingeniería para la impunidad: una tarea sistemática y minuciosamente planificada, a través de la cual los más encumbrados funcionarios del Poder Ejecutivo y sus operadores lograron que muchos jueces y fiscales cumplan un papel decisivo para favorecer ese desenlace. En esta tarea...