Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/19/CFC005

• Fecha de Resolución: 14 de Diciembre de 2018
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

CFCP - Sala I FTU 400917/2004/TO1/19/CFC5 Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro.1762/18 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores C.A.M. y A.M.F. como Vocales, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos por la querella AFIP-DGI y el F. en esta causa nº FTU 400917/2004/TO1/19/CFC5, caratulada: “MOLINARI, G.A. s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:

1. ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, con fecha 8 de septiembre de 2017, resolvió:

   1°) HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA incoada por la defensa de G.A.M., por el término de tres años, durante cuatro horas, una vez al mes, conforme se considera (art. 76 bis y ter del Código Penal). 2º) DISPONER el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en los considerandos de la presente sentencia, y efectuar como reparación económica el pago en insumos para la Asistencia Pública por el valor de pesos diez mil ($10.000), en cuatro cuotas iguales y consecutivas de pesos dos mil quinientos ($2.500),….

   (cfr.

   fs. 27vta.).

2. ) El Fiscal encauzó la impugnación en las causales previstas en el art. 456 inc. 1º del Código Fecha de firma: 14/12/2018 1 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30231415#208561843#20181214140648281 Procesal Penal de la Nación, por entender que existía una errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente de las normas establecidas en el artículo 76 bis. 4º y 7º

   párrafo del C.P.

   Adunó que el auto recurrido reviste las características de sentencia definitiva, equiparándolo a un sobreseimiento, por lo cual cabe la vía casatoria.

   Agregó que estamos frente a un decisorio inmotivado, que no resulta consecuencia de una derivación razonada del derecho vigente, configurándose una de las causales de arbitrariedad.

   Analizó la resolución cuestionada e indicó que solo luego del debate oral y público tendremos una idea de los hechos ilícitos imputados, la participación y responsabilidad de M. en ellos.

   Criticó las diferentes situaciones entre G.M. y de D.M. – coimputada que se le concedió el beneficio del art. 76 bis del C.P.-, resaltó

   los diferentes grados de participación, cantidad de hechos, y gravedad de las figuras imputadas.

   Se refirió al consentimiento fiscal, en este orden de ideas explicó que este “…es un requisito ineludible para la concesión del instituto, de forma tal que el tribunal ha efectuado una errónea aplicación de la norma establecida por el art. 76 bis cuarto párrafo del CP.”

   A ello agregó que el sentenciante prescindió

   erroneamente de la opinión vinculante del titular de la vindicta pública, como requisito de procedencia del instituto sin analizar la logicidad y fundamentación del dictamen F..

   Citó jurisprudencia de esta Cámara y manifestó

   que “Si la intervención F. superó el control de 2 Fecha de firma: 14/12/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30231415#208561843#20181214140648281 CFCP - Sala I FTU 400917/2004/TO1/19/CFC5 Cámara Federal de Casación Penal legalidad y logicidad que les compete verificar a los magistrados, la falta de consentimiento por parte de la fiscalía resulta por imperio normativo vinculante para el tribunal, pues el art. 76 bis del CP no exige que los magistrados deban, además, compartir la opinión del representante del MPF.”

   Explicó las particularidades del caso, y el rol que ocupaba el encartado dentro de la sociedad, quien formaría parte de “…una empresa existente en lo formal pero creada al sólo efecto de dar apariencia de legalidad a una actividad ilegal como la de generación de créditos fiscales espurios y la facilitación de facturas o documentos equivalentes que luego se venden a terceros que de este modo evaden el pago de sus impuestos, obtienen reintegros indebidos o generen solicitudes de transferencia de saldos de libre disponibilidad.”

   Formuló expresa reserva del caso federal.

3. ) Por su parte la Querella AFIP-DGI, señaló que su presentación resulta procedente conforme los recaudos previstos por los art. 456 y 457 del CPPN, por tratarse de una sentencian equiparable a definitiva.

   Agregó que el a quo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, dado que decidió poner fin a la causa penal mediante la aplicación del instituto que se encuentra vedado por la ley 24.769.

   En este sentido, luego de analizar la normativa aplicable al caso señaló que “La interpretación que se pretende se funda en la norma legal que establece que las disposiciones sobre suspensión a prueba no alteran el régimen especial de extinción de la acción penal Fecha de firma: 14/12/2018 3 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30231415#208561843#20181214140648281 establecido en la Ley Penal Tributaria y en que esas disposiciones son, además, inaplicables a los delitos que se imputan en este caso.”

   Recordó que M. viene requerido a juicio como presunto autor de los delitos previstos por los artículos 3º -aprovechamiento indebido de subsidios- y 4º

   -obtención fraudulenta de beneficios fiscales, con la agravante de los art. 5º y 6º -retención indebida de subsidios- , todos ellos de la ley 24.769.

   Agregó que la pena mínima prevista para el delito que se lo acusa –art. 3 de la ley 24.769-, excede los tres años de prisión, por lo cual no sería viable la concesión de la suspensión de juicio a prueba.

   Adunó que en el presente caso se vulneró el principio de igualdad, dado que bajo una misma imputación, el Tribunal dio un tratamiento distinto para G.A.M. que para su padre E.D.M., rechazando para este último el pedido de suspensión de juicio a prueba.

   Expresó que los hechos que se le imputan al recurrente han consistido en la “…conformación de una asociación ilícita con una organización compleja integrada por miembros del denominado C.M., dedicada a facilitar la comisión de delitos tributarios por parte de terceras empresas mediante la emisión de documentación apócrifa”.

   Entendió que más allá de que el mínimo legal respecto del delito que se le imputa impediría el eventual dictado de un pronunciamiento condenatorio de ejecución condicional, aun adoptando la teoría amplia del Fallo “A.“ de la C.S.J.N., dicho presupuesto debe ser valorado a la luz de los arts. 40 y 41 –inc. 1º- del C.P.

   Se refirió al consentimiento fiscal, e indicó que 4 Fecha de firma: 14/12/2018 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30231415#208561843#20181214140648281 CFCP - Sala I FTU 400917/2004/TO1/19/CFC5 Cámara Federal de Casación Penal este constituye una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio a prueba, precisamente porque implica la suspensión de la acción penal.

   Advirtió que para descalificar el dictamen fiscal, el a quo señaló que el mismo había sido contradictorio e infundado, pues a la coimputada D.M. en un cuadro similar al de autos se le concedió el beneficio del art. 76 bis del CP, y en el caso de autos el titular de la acción se pronunció de manera negativa, vulnerando el principio de igualdad previsto en el art. 16 de la CN.

   En este sentido consideró que la situación de la imputada D.M. y la de G.M. difiere sustancialmente, por lo que no puede entenderse una violación al principio constitucional mencionado anteriormente.

   Agregó que “…lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal en el presente incidente, reeditado en la audiencia prevista por el art. 293 del CPPN, motiva de modo fundado y lógico la oposición.”

   Destacó “…el rol que habría desempeñado el sr.

   G.A.M. juntamente con los demás miembros del grupo con quienes armaron una operativa en la que se involucró a personas físicas y jurídicas con la finalidad de aparentar la existencia de una cadena de comercialización y con ello generar créditos fiscales falsos que les permitió la evasión de impuestos de los propios integrantes de grupo como de terceros, mediante la provisión de documentación falsa. Asimismo se facilitó a terceros la posibilidad de obtener reintegros de IVA por Fecha de firma: 14/12/2018 5 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: CARLOS A. MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA #30231415#208561843#20181214140648281 exportación. También se intentó obtener la transferencia de saldos de libre...