Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS, 30 de Agosto de 2023, expediente FMP 004501/2023/1/CA001
| Fecha de Resolución | 30 de Agosto de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
del Plata, de agosto de 2023.-
VISTOS:
Estos autos caratulados: “O., S. C. c/ Unión Personal s/ Ley de Discapacidad s/ Incidente de Apelación”. Expediente Nº 4501/2023/1,
procedentes del Juzgado Federal Nº 4, Secretaria Nº 3, de esta ciudad.
Y CONSIDERANDO:
-
Que arriban los autos al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 29/03/23 por la Dra. R.A.G., en su calidad de apoderada de la parte accionada, contra la resolución de fecha 21/03/23.
De las constancias obrantes en el expediente se sigue que a raíz de lo solicitado por el amparista – persona con discapacidad- en lo atinente a esta incidencia (conforme presentación de fecha 21/03/23) el Magistrado actuante en primera instancia decretó la medida cautelar ordenando a la accionada a proveer en un porcentaje del 100% a su cargo atento que se ha acreditado en debida forma su condición de persona con discapacidad,
la cobertura correspondiente a la CIRUGÍA DE IMPLANTE COCLEAR EN
LA CLINICA 25 DE MAYO Y DEL IMPLANTE ADVANCED BIONICS
HIRES ULTRA 3D CON ELECTRODO MID SCALA Y PROCESADOR
NAIDA Q70 DE OIDO DERECHO, ello en los términos de lo prescripto por el profesional tratante en los certificados médicos acompañados, mientras dure el tratamiento y/o la prescripción médica así lo indique y hasta tanto se dicte Sentencia Definitiva en los autos principales.-
Se trata aquí, entonces, de evaluar la apelación interpuesta por la parte accionada, frente al dictado de orden cautelar en resguardo de las necesidades de salud del amparista.
Fecha de firma: 30/08/2023
Alta en sistema: 01/09/2023
Firmado por: B.D.B., CONJUEZ
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
-
En su presentación recursiva la apelante se agravia por considerar que la resolución puesta en crisis solo tuvo en cuenta las manifestaciones de la parte actora.
Por otro lado, cuestiona lo ordenado por el a quo por obligar a su mandante a una cobertura con prestadores fuera de su cartilla.
En mismo sentido, solicita se aplique un tope en los valores a abonar.
-
Conferido que fuera el traslado pertinente a la contraria y habiendo sido contestado el mismo –cfr. decreto y presentación digital de fechas 17/05/23 y 18/05/23- quedaron los autos en condiciones de ser resueltos, conforme el llamado de autos de fecha 14/06/23.
-
Que al entrar a analizar la cuestión traída a estudio, a fin de arribar a una solución ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, debemos valorar la trascendencia de los derechos que se encuentran comprometidos en autos, surgiendo así el derecho a la salud, a la vida y a una asistencia médica adecuada, consagrados en la Ley Suprema y en Declaraciones y Tratados Internacionales, que gozan de jerarquía constitucional.
El propio sistema interamericano de tutela de derechos fundamentales, hoy con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), refiere la clara directriz de que la tutela efectiva es una garantía de prestación del Estado (Art. 2, 25 y CC. CADH).
A su vez, el actor también se encuentra amparado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo (Ley 26.378). A ello se suma, el Protocolo de San Salvador (Ley 24.658, arts. 10, 15 y 18) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280).
Fecha de firma: 30/08/2023
Alta en sistema: 01/09/2023
Firmado por: B.D.B., CONJUEZ
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Asimismo, nuestro país cuenta con numerosas leyes y decretos que regulan la temática, entre los que es oportuno destacar la Ley 22.431
Sistema de Protección Integral de Discapacitados
, su decreto reglamentario 312/2010; la Ley 24.901 “Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad”.
-
Que, por otra parte, debemos considerar el carácter de la medida cautelar aquí debatida. Recordemos que la finalidad de toda medida cautelar consiste en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable. Es decir, que se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten inútiles los pronunciamientos que den término al litigio (cfr. CFAMdP en autos “A.B.S. s/ Medida Cautelar Autónoma”, sentencia registrada al T° CX F° 15.689; entre otros).
Este tipo de remedio –en este caso innovativo- implica una decisión excepcional, pues altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. Como configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa -que no por ello comporta prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión- resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr.
CFAMdP in re “Incidente de apelación de medida cautelar incoado por la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada en autos: “R., N. A. c/
Dirección de Salud y Acción Social de la Armada s/ Amparo”, sentencia registrada al Tº LXXVII Fº 12.356).
Ahora bien, el primero de los recaudos que debe concurrir es el fumus bonis iuris, que entendemos en principio se encuentra acreditado,
toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana prima facie que el amparista es afiliado a la obra social accionada, certificado de Fecha de firma: 30/08/2023
Alta en sistema: 01/09/2023
Firmado por: B.D.B., CONJUEZ
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
discapacidad vigente, su R.H.C. y diagnóstico, estudios médicos complementarios, la necesidad del audífono requerido en autos -conforme los certificados expedidos por el Dr. Rocatti, C. H. en fechas 08/03/22 y 31/08/22- y el reclamo administrativo previo (cfr. línea de actuaciones FMP
4501/2023/1 “documentación”).
En relación al peligro en la demora consideramos que, sin incurrir en prejuzgamiento, el perjuicio es inminente, responde a una necesidad efectiva y actual y ante la posibilidad que el accionante triunfe en su reclamo, estimamos que revocar la medida cautelar decretada le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo.
En primer término, debemos resaltar que disentimos con lo expuesto por la apelante cuando manifiesta que se ha prescindido de la postura de su representada, resultando un fallo arbitrario que viola el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de igualdad, pues, cabe destacarse como cuestión característica de toda medida cautelar, que en los trámites de solicitud de las mismas no procede dar intervención al eventual afectado, toda vez que aquellas se sustancian “inaudita parte” (art.
198 del CPCCN, primer apartado). Así, actuar preventivamente, una vez acreditados prima facie los extremos requeridos para el dictado de estas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba