La hostilidad de la Corte Suprema de EEUU al trabajo sindicalmente organizado

• Autor: David Macaray
• Cargo: Escritor

Cualquiera que se interese por la futura salud del trabajo organizado debería saber que el tema acaba de tomar un giro sombrío. El pasado jueves 19 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó una ley del estado de California que prohibía a los empleadores gastar fondos estatales en sus campañas para disuadir a los empleados de votar para elegir representación sindical.

En una sentencia con una votación 7 a 2 (los Jueces Breyer y Ginsburg votaron en disidencia), la Corte dejó sin efecto una decisión de la Corte de Apelaciones del 9° Distrito y declaró que, al violar el derecho de un empleador a la “libertad de expresión”, la ley del estado de California era inconstitucional.

La norma, conocida como la Ley de la Asamblea de California 1889, fue la primera de su tipo en ser aprobada en los Estados Unidos. Sin embargo, desde su adopción, en el año 2000, otros diez estados, incluyendo New York y Florida, aprobaron leyes similares. Como consecuencia de esta decisión, todas estas leyes estaduales no podrán ahora ser aplicadas.

En efecto, la sentencia implica que una empresa o negocio que regularmente recibe fondos impositivos (tal como un hogar de ancianos) puede emplear esos fondos –gastarlos– en sus esfuerzos por dejar afuera a un sindicato, con el fin de evitar que un sindicato represente a sus empleados. Volvamos a esto, más lentamente: los sindicatos no tienen autorización para utilizar fondos estatales en sus campañas de reclutamiento, pero la dirección de las empresas puede hacerlo en sus intentos por dejarlos afuera.

Si esto suena un poco, digamos, sesgado, es exactamente ésta la impresión que tuvo el Juez Breyer, quien hizo notar que los tribunales usualmente otorgan a las legislaturas estatales “amplia autoridad para gastar dinero [de los contribuyentes]” de la manera en que elijan hacerlo. De acuerdo con el criterio de Breyer, si los habitantes de California eligen no emplear su dinero impositivo en campañas lanzadas por la dirección empresarial para dejar afuera a los sindicatos, “¿por qué deberían ser obligados a pagar?”

En respuesta al argumento de que la ley violaba las disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión, Breyer replicó que la posición del estado de California era, de hecho...