Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Septiembre de 2023, expediente FCT 002296/2017/CA001
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
Expte. Nº 2296/2017/CA1
En la ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de agosto del año dos mil veintitrés,
estando reunidos los Señores Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, D..
Selva A.S., M.G.S. de Andreau y R.L.G., asistidos
por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. M.G.G., tomaron conocimiento del
expediente caratulado “G.D. c/ANSES s/Reajuste de Haberes” Expte. Nº
2296/2017/CA1, proveniente del Juzgado Federal de Paso de los Libres.
Efectuado el sorteo para determinar el orden de votación, resultó el siguiente: D.. Selva
A.S., M.G.S. de Andreau y R.L.G..
SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?
¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. SELVA A.S. DICE,
CONSIDERANDO:
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Que vienen los autos al Tribunal con motivo del recurso de apelación de la
parte codemandada (ANSES), contra la sentencia de primera instancia por la que se hizo
lugar a la demanda, ordenando al ANSES a garantizar e integrar a la accionante el haber
mínimo en los términos de las Leyes 26.417, 26.425 y demás normas vinculadas desde el
mes inmediato a que la sentencia quede firme, dejándose sin efecto la Resolución RNEB
00721/2016, reconociendo además a favor de la actora las sumas retroactivas, a partir del
mes de julio del año 2014, que incluyen las diferencias que debía percibir con el haber
mínimo garantizado dispuesto por las Resoluciones de ANSES, ajustándose las mismas
mes a mes, entre lo que debía percibir y lo percibido efectivamente. Consecuentemente
ordenó al organismo previsional que abone a la actora las diferencias no prescriptas que
surjan de ese cálculo, en el plazo de 120 días. Fijó la tasa de interés. No hizo lugar a la
demanda contra ARAUCA BIT. Impuso las costas del proceso en el orden causado y
difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Fecha de firma: 07/09/2023
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.G., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
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La demandada se agravia exponiendo en primer término que, si bien el fallo
en crisis rechaza la falta de legitimación pasiva planteada, lo hace sin invocar razón que lo
habilite.
Manifiesta que la demanda no puede ser dirigida a su representada en tanto la
misma tiene como objeto la ejecución de un contrato de “renta vitalicia” suscripto entre la
actora y la compañía de seguro –Futura Seguros de Retiro S.A., ello así conforme se
desprende de los términos del art. 101 de la Ley N° 24241. Agrega que si bien el Estado
Nacional mediante la promulgación de la Ley N° 26425 se subrogó en los derechos de las
AFJP por medio del ANSES, no ocurre lo mismo con las compañías de seguros de retiro.
En segundo término, la agravia la sentencia en crisis, en tanto condena a su
representada a integrar a la parte actora las diferencias entre el haber que paga la
aseguradora y el haber mínimo. Ello así en tanto no habiendo sido declarada por el a quo la
inconstitucionalidad de la Ley 26425 y sus reglamentaciones, las mismas tienen plena
vigencia.
Expone que el beneficio solicitado se otorgó de conformidad a las disposiciones
del Decreto N° 55/1994, el cual establecía que estaba a cargo del Régimen Previsional
Público la integración de un capital a los efectos de la prestación de pensión por invalidez
del afiliado en actividad, en virtud de ello y por aplicación de los arts. 93, 94 y cc. de la
Ley 24241, su representada integró en un solo acto la proporción del capital a su cargo.
Alega que en el caso no hay violación al principio de igualdad en tanto no se ha
excluido a la actora de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.
Expresa que en el caso, no existe violación de derecho adquirido del actor, ni de
su propiedad, porque no existían tales derechos y, asimismo, las leyes vigentes no fueron
declaradas inconstitucionales, en consecuencia, señala que de considerar que el quantum
de su renta resulta insuficiente o erróneamente calculado, la acción debe ser dirigida contra
quien paga la prestación, esto es, la compañía de seguro.
Concluye solicitando se revoque la sentencia apelada en todo cuanto ha sido
materia de agravios. Con costas por su orden. F. reserva del caso federal.
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Corrido el traslado del recurso, la parte actora no contestó y posteriormente se
llamó al Acuerdo para resolver la cuestión.
Fecha de firma: 07/09/2023
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.G., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
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Habiéndose realizado el control de admisibilidad previo, cabe adelantar que la
presente cuestión debe analizarse sobre la base de la finalidad protectora de las
disposiciones que regulan la seguridad social, tales, los arts. 14, 14 bis y 17 de la
Constitución Nacional y las normas internacionales con jerarquía constitucional arts. 75
inc. 22 y 23 de la Ley Fundamental como la “Convención Americana sobre Derechos
Humanos” que en su art. 21 protege el derecho de propiedad sobre el haber jubilatorio,
precepto plasmado en la causa “Cinco Pensionistas vs. Perú” (Corte IDH. Sentencia
28/02/2003. Serie C Nº 93) y aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(Fallos: 333:2338). Asimismo, resultan trascendentales el art. 26 de la mencionada
Convención, que reconoce el principio de la progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales, y el art. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” que dispone la obligación de los Estados partes de adoptar todas las
medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su
grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos que allí se reconocen, entre ellos, el derecho a
la seguridad social establecido en su art. 9.
Del mismo modo, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM) incorporada a nuestro ordenamiento
jurídico por Ley 27360 y con jerarquía constitucional otorgada por Ley 27700, que
consagra el compromiso de los Estados Partes para adoptar y fortalecer “todas las medidas
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido
un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato
diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”.
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Efectuado el encuadre constitucional del asunto en examen, corresponde tratar
los agravios esgrimidos, adelantando que se analizará no en la gradación en que fueron
planteados, sino en su orden lógico expositivo.
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Así entonces, en cuanto al supuesto rechazo de la excepción de falta de
legitimación pasiva, cabe desestimar en tanto conforme surge de los términos de la
contestación de demanda, dicha defensa no fue interpuesta por la codemandada apelante –
ANSES, habiendo precluido la oportunidad procesal para hacerla valer.
Fecha de firma: 07/09/2023
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.G.G., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
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Ahora bien, en lo que concierne a la queja sobre el fondo de la cuestión
debatida, esto es, la integración a favor de la actora de la diferencia entre las sumas
percibidas en concepto de renta vitalicia previsional y el haber mínimo garantizado, a mi
modo de ver, deben ser desestimadas, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por la Administración
Nacional de la Seguridad Social en la causa E., F.M. c/ANSeS s/amparos
y sumarísimos”, sentencia de fecha 27 de octubre de 2015, en la que se pronunció sobre
similar planteo en un beneficio también liquidado bajo la modalidad de “renta vitalicia
previsional sin componente público”.
Allí, el Máximo tribunal destacó que la renta vitalicia art. 101 de la ley 24.241
podía ser totalmente cubierta con los fondos capitalizados por los afiliados o tener,
también, componente estatal. Y que la participación del Estado en el financiamiento de
algunas prestaciones del régimen de capitalización, con exclusión de otras, nació con el
Decreto 55/94, reglamentario del art. 27 de la ley 24.241.
Aclaró que esa limitación fue adoptada por el art. 125 de la ley 24.241, t.o. según
ley 26.222, que establece que “El Estado Nacional garantizará a los beneficiarios del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional Público y a los del
Régimen de Capitalización que perciban componente público, el haber mínimo establecido
en el artículo 17 de la presente ley” – considerando 9
Indicó, asimismo, “Que en el año 2008 se sancionó la ley 26.425 que unificó el
sistema previsional. El art. 1 consagró dicha fusión “en un único sistema público
denominado Sistema Integral Previsional Argentino, financiado a través de un sistema
solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de
capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional
público, en cumplimiento del mandato previsto...
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