Las garantías constitucionales de la detención. Los derechos del detenido

Autor:José Daniel Cesano
RESUMEN

Se ha dicho (y se ha dicho bien) que el derecho penal "(…) es la herramienta más torpe [por la gravedad de sus sanciones] (...)

 
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María Dolores González Ayala: "Las garantías constitucionales de la detención. Los derechos del detenido", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y debates, N° 81, Madrid, 1999, 162 páginas.

  1. Se ha dicho (y se ha dicho bien) que el derecho penal "(…) es la herramienta más torpe [por la gravedad de sus sanciones] con la que cuenta el orden jurídico para asegurar su vigencia. (…) Como es tan torpe, el ordenamiento jurídico, desde la Constitución, fija severísimas limitaciones para su utilización". Tales limitaciones, por cierto, no se refieren sólo al derecho sustantivo sino que lo rebasan alcanzando, además, a las disposiciones propias del derecho realizativo. En otras palabras: el derecho procesal penal participa también, junto al derecho penal en sentido estricto, de esa característica señalada para el derecho penal como un todo, otorgando poderes coercitivos de máxima intensidad. De allí la unión tan estrecha del derecho penal y procesal penal con la trama de garantías establecidas por la Constitución con el objeto de someter a ciertos límites a estas potentísimas autorizaciones coactivas (para el uso de la fuerza) contra los individuos que posee la organización política estatal

    Si se comparten estas apreciaciones, se podrá comprender el porqué del énfasis puesto por quienes se ocupan del examen de esta parte del ordenamiento en analizar sus bases constitucionales.

    En este contexto se enmarca el trabajo de María Dolores González Ayala referido al estudio del artículo 17 de la Constitución Española , a partir del cual reconstruye la dogmática constitucional relativa al sistema de garantías que se vincula con la detención, como medida de coerción personal, sin olvidar su estrecha relación con las pertinentes regulaciones que, en la materia, realiza la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante: LEcrim).

  2. La obra está estructurada en tres capítulos, precedidos por un prefacio, y se cierra con una síntesis de conclusiones que, en rigor, se derivan de todo el desarrollo realizado.

    1. En el capítulo primero, con el confesado propósito de vincular "el contexto histórico e histórico-político como factor que determina la efectividad práctica de cualquier construcción jurídica", la autora realiza una síntesis de la evolución del constitucionalismo en relación al reconocimiento y a la tutela efectiva del derecho a la libertad individual.

      En ese marco se detiene, en primer término, en la IV Enmienda de la Constitución...

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