Frente a la sublevación de los jueces

Es una situación casi sin antecedentes en la historia. (ni siquiera contra una decisión firme) y sin tener un caso concreto que las habilitara a decidir. No lo pueden tener, porque un propósito como es la reforma judicial, que debe ser aprobado por el Congreso, no agravia a nadie por ahora. Esa fue la muestra más cabal del hartazgo de los jueces por las arbitrariedades de los dirigentes políticos del Gobierno. Una reforma judicial cargada de consejeros, pero que carece de la opinión de magistrados, de fiscales y hasta de los propios jueces de la Corte Suprema. Desde la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, el kirchnerismo insiste en la teoría de que la política debe tener más injerencia en la estructura de la Justicia, porque esta es una corporación inexpugnable y endogámica. Aquella reforma de hace 14 años se reservó para el oficialismo el mayor número de miembros del Consejo, el organismo de la Justicia que debe administrar las designaciones, los ascensos, las sanciones y hasta las destituciones de los jueces. La ideóloga de aquella reforma fue entonces senadora. Esa reforma fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ahora espera que la Corte Suprema confirme o anule ese fallo.La nueva reforma que anunció nació herida porque vino acompañada por dos hechos que la deslegitiman. Uno es la presencia del abogado Carlos Beraldi en la comisión asesora sobre la reforma y sobre el futuro de la Vale la pena repetir que Beraldi es el principal abogado defensor de Cristina Kirchner. Su presencia en esa comisión fue un acto de poder claro, rotundo y explícito de la expresidenta. Beraldi aconsejará sobre el destino de la Corte, que es la instancia en la que se resolverán definitivamente todas las causas contra Cristina, la mayoría por supuestos hechos de corrupción. ¿Qué influirá más en Beraldi? ¿La necesidad de un tribunal mejor para el país en la cima de la Justicia o los intereses de su defendida? La respuesta es obvia. Cobra honorarios para lograr el sobreseimiento de la actual vicepresidenta. El propio Beraldi debió advertir que su presencia en esa comisión entra en colisión con cualquier noción de la ética. El Presidente también debió advertirlo.El segundo hecho es la abierta persecución política por parte del cristinismo contra el procurador general, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Ocupa interinamente ese cargo desde la renuncia de Casal es un funcionario de carrera de la Justicia...