Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 9 de Agosto de 2013 (caso Figueroa, Cristian Ariel S/recurso De Casación.)

Fecha de Resolución: 9 de Agosto de 2013
Emisor:Sala 4
 
EXTRACTO GRATUITO

Causa N° 390/2013 -Sala IV–

C.F.C.P

“FIGUEROA, Cristian Ariel s/recurso de casación “

Cámara Federal de Casación Penal REGISTRO N° 1398.13.4

la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales,

asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 4/11 de la presente causa Nro. 390/2013 del registro de esta Sala,

caratulada: "Figueroa, Cristian Ariel s/ recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro.

4 de esta ciudad en el legajo nro. 1575 de su registro, con fecha 13 de marzo de 2013, en lo que aquí interesa, resolvió:

I) NO HACER LUGAR al planteo efectuado por el interno FIGUEROA CRISTIAN ARIEL (L.P.U. 263.230/C), y su defensa de la aplicación del sistema de estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660.” (fs. 1/2 vta.).

II. Que contra dicha decisión, la Defensora Pública Oficial Ad Hoc, doctora Patricia García, asistiendo técnicamente a Cristian Ariel Figueroa (fs. 4/11), el que fue concedido por el a quo (fs. 13), y mantenido en esta instancia (fs. 17).

III. La defensa fundó su recurso, alegando una errónea interpretación del art. 140 de la ley 24.660, en tanto, a su juicio, el magistrado de la anterior instancia le otorgó un alcance restringido a dicho artículo, no respetando su letra, lo que deriva en un evidente yerro en la aplicación del derecho sustantivo.

El impugnante señaló que la reducción de plazos a los que se refiere la norma en estudio debe alcanzar al período de prueba y a los institutos que constituyen su núcleo, es decir, a las salidas transitorias y semilibertad.

A su vez, remarcó que en la medida en que el art.

140 de la ley 24.660 prevé que la reducción operará sobre “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario”, la interpretación literal de la norma exige aceptar que la libertad condicional se encuentra alcanzada por lo normado en dicho artículo.

En los mismos términos, argumentó que corresponde entender dentro de los alcances de dicho artículo, al régimen de libertad asistida, pues se trata de un instituto que guarda identidad con la libertad condicional. Ello, en base a una interpretación normativa orientada al fin resocializador de la pena.

En conclusión, la recurrente manifestó que su pretensión se dirige a que se case la resolución recurrida y se disponga que el juez de ejecución proceda a adecuar,

conforme el desempeño educativo de su defendido, el plazo para acceder al instituto de la Libertad Condicional y Libertad Asistida, atendiendo a la reducción del art. 140 de la ley 24.660.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465,

cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó la señora Defensora Pública Oficial, Dra. Eleonora Devoto, quien amplió

fundamentos, renunció a los plazos procesales pendientes y solicitó se haga lugar sin demora al recurso interpuesto, se case la sentencia recurrida y se disponga la aplicación del art. 140 de la Ley de Ejecución a la situación de Cristian Ariel Figueroa (fs. 19/20 vta).

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465,

último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó

constancia en autos a fs. 25, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I. Inicialmente en cuanto a la admisibilidad del Causa N° 390/2013 -Sala IV–

C.F.C.P

“FIGUEROA, Cristian Ariel s/recurso de casación “

Cámara Federal de Casación Penal recurso de casación interpuesto, entiendo que resulta procedente en esta instancia el análisis demandado por la defensa conforme lo previsto por el art. 491 del C.P.P.N. ya que, además, se cumplieron con los recaudos exigidos por el art. 463 del código de rito.

A su vez, corresponde a esta Cámara Federal de Casación Penal el control judicial amplio de las cuestiones concernientes a la ejecución de las penas privativas de la libertad.

En este orden de ideas, la propia ley 24.660 sienta los principios de control judicial y de legalidad. Así, en su artículo 3º somete a permanente control judicial la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades,

dejando en manos del juez de ejecución o juez competente esta labor a fin de que se garantice el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la argentina y los derechos del condenado que no fueron afectados por la condena o por la ley.

Luego se prescribe que cuando surjan cuestiones que vulneren algún derecho del condenado o a fin de autorizar egresos, será el juez de ejecución quien lo resuelva (cfr.

artículo 4º); y que si bien la conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen son de competencia administrativa, hace una salvedad “en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial”

(cfr. artículo 10º).

Este ha sido el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución” (R.230. XXXIV, rto. El 9/3/04) en tanto afirmó la vigencia del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena.

Por lo tanto corresponde a esta Cámara resolver las cuestiones como las que en esta oportunidad vienen recurridas.

II. Que a fin de dar una mejor respuesta a los planteos esgrimidos por la defensa habré de tratar, desde mi punto de vista, algunas cuestiones previas a fin de dejar sentado mi criterio respecto a la ejecución de la pena privativa de la libertad en nuestro país, entendiendo esto como adquisición de la capacidad de comprensión y respeto a la ley, conforme las expresas previsiones sobre el fin de las penas privativas de libertad establecido en el art. 1º de la ley 24.660, el que al reconocer como finalidad de la ejecución punitiva la “capacidad de comprender y respetar la ley”, establece como norte político-criminal expreso la prevención general positiva.

A fin de desarrollar la forma y los criterios en que corresponde otorgar trascendencia a la sustitución de los arts. 133 a 142 de la ley 24.660, operada mediante la ley 26.695, especialmente para determinar si, y en qué medida impacta la reducción que como estímulo educativo se ha incorporado en el art. 140 de la mencionada ley, corresponde en primer lugar establecer el marco teórico para el análisis de la cuestión planteada.

Ello así toda vez que, cualquier interpretación al respecto desprovista del marco sistemático en que la misma se imbrique, y sólo fundada en pareceres sobre una alternativa posible del texto de la ley, dejaría a la decisión a merced del acaso y la arbitrariedad.

En relación a ello, corresponde tener presente que,

tanto con fundamento en la metafísica -asignada o real-

libertad de comportamiento, así como por razones positivistas constitucionales, existe consenso, aunque no en los fundamentos y en el contenido, sí en las consecuencias básicas de la vigencia del principio de culpabilidad, y entre ellas la de que la culpabilidad funda y establece la medida de la intervención estatal punitiva: la pena se funda, y tiene la extensión de la medida de la culpabilidad del agente.

Atendiendo a la fundamentación de referencia, tanto el Tribunal Constitucional Federal Alemán, como el Tribunal Constitucional Español, como ejemplos paradigmáticos, han fundado la vigencia del principio de culpabilidad no solamente en la consideración de la dignidad humana como Causa N° 390/2013 -Sala IV–

C.F.C.P

“FIGUEROA, Cristian Ariel s/recurso de casación “

Cámara Federal de Casación Penal principio normativo, sino también en las normas constituyentes del Estado de Derecho material. (Cfr. Tribunal Constitucional Español sent. 65/86, 76/90, 150/91; y Tribunal Constitucional Federal Alemán sent. 25, pág. 269; 45, pág.

187; 57, pág. 250).

En consonancia con ello, “… el principio de culpabilidad no se dirige sólo al legislador, imponiéndole renunciar a determinadas soluciones legislativas que lo contradicen (por ejemplo: versare in re illicita; penas relacionadas con la forma de ser de una persona, etc.), sino también y muy especialmente al juez, que debe establecer la gravedad de la culpabilidad (individualización) para adaptar el marco penal a la sanción aplicable al delito cometido”.(cfr. Bacigalupo, Enrique, Principios Constitucionales del Derecho Penal, pág. 160, Ed. Hammurabi,

Argentina, 1999).

Esta es la primera premisa de la ubicación teórica de la cuestión, e impone que, toda previsión legal que contenga alguna consideración relativa a la estipulación de la materia a considerar en relación a la determinación de la pena, al tiempo de la estipulación original de la cantidad compensadora del hecho enjuiciado, habrá...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA