Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 22 de Marzo de 2022, expediente FSA 020049/2017/CA001
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2022 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II - SECRETARIAPREVISIONAL 2 |
Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Salta- Sala II
FERNANDEZ, N.G.
c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
Expte. N° FSA 20049/2017 (Juzgado Federal N° 1 de Salta).
Salta, 22 de marzo de 2022.
VISTO
Y CONSIDERANDO:
1) Que vienen las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la Administración Nacional de la Seguridad Social en contra de la sentencia del 20 de septiembre de 2021 que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. N.G.F. en contra de la Administración y ordenó el recálculo de las prestaciones integrantes del haber inicial actualizando las remuneraciones devengadas hasta el mensual febrero de 2009 según el ISBIC
y las posteriores con el índice del art. 2 de la ley 26.417 y sus modificatorias hasta la fecha de adquisición del derecho. Para ello tuvo en cuenta que el actor adquirió el beneficio de jubilación que comprende PBU-PC-PAP el 01
de junio de 2013 al amparo de la ley 24.241 y en lo atiente al error material determinó que se debían eliminar las remuneraciones que figuraban en cero por el periodo 2004 a 2013.
En cuanto al reajuste por movilidad del beneficio, dispuso que el mensual 03/2018 se liquide conforme ley 26.417.
Ordenó que a partir de la sanción de la ley 27.541 correspondía la aplicación de los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional hasta la entrada en vigencia de la ley 27.609, con la salvedad de que la Fecha de firma: 22/03/2022
Firmado por: M.S., SECRETARIA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Salta- Sala II
actualización de las prestaciones no resultara inferior a las variaciones que registre el índice establecido por la ley 27.551, que para el año 2020 -a su entender- arrojó un 35,55%. Al propio tiempo, difirió la consideración de la ley 27.609.
Estableció el pago de las sumas que en concepto de retroactivos se determinen en la etapa de liquidación, desde el 11 de abril de 2015 más intereses según la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. Difirió para la etapa de liquidación la valoración de la procedencia del recálculo de la Prestación Básica Universal de conformidad con los alcances ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Q.C.A. fijando pautas para su actualización como el análisis de la tasa de sustitución.
Dejó aclarados los criterios a adoptarse en torno a los distintos topes (arts. 9 y 25, 24 y 26 de la ley 24.241, art. 14 de la Resolución SSS 6/s2009) y rechazó la petición de actualización monetaria.
2) Que el organismo previsional se quejó de la pauta ordenada por el juez de grado para la actualización de las remuneraciones según el índice ISBIC aplicando el precedente “Elliff” e instó por la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 27.260.
En cuanto a la Prestación Básica Universal entendió que no corresponde que sea ajustada o recalculada con métodos extraños a los definidos por la ley 26.417.
En lo que respecta a la tasa de sustitución, opinó que no solo se aparta de lo que establece el régimen legal aplicable, sino que además implica que el Poder Judicial fije pautas de política pública, lo cual excede la competencia que la Constitución Nacional le asigna y pone en riesgo las finanzas públicas.
Fecha de firma: 22/03/2022
Firmado por: M.S., SECRETARIA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Salta- Sala II
Al referirse a la movilidad, cuestionó que los ajustes se practiquen hasta marzo de 2018 según la ley 26.417 sin tachar expresamente la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426.
Por otro lado, subrayó que el juez de grado, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, decidió dejar sin operatividad a la ley 27.541 y sus decretos reglamentarios aplicando la ley de alquileres –27.551-
lo que, según arguyó, afecta la sustentabilidad del sistema.
Controvirtió la inconstitucionalidad del tope establecido en el art. 24 de la ley 24.241 y la declaración de inaplicabilidad del art. 14 de la Res. SSS6/09
reglamentaria del art. 24 de la ley 24.241 y en igual sentido, reprochó la inconstitucionalidad decretada con respecto al art. 26 de la ley 24.241.
Objetó que el sentenciante sin respaldo probatorio hizo lugar a lo solicitado por la contraria pues no se demostró el real ingreso de remuneraciones en los períodos que denuncia que las mismas fueron en cero toda vez que no se han acompañado las certificaciones de servicios ni documentación que respalde sus dichos.
Señaló que por el año 2005 tomó los meses en que se ingresaron remuneraciones al SIPA; por el año 2008 no se ingresaron remuneraciones en los meses de agosto y septiembre y, finalmente, en el 2012 ocurrió lo mismo en los mensuales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Se apoyó en la jurisprudencia y mantuvo la reserva de ocurrir por ante la instancia extraordinaria.
3) Que por su parte, la accionante afirmó que el juez de grado omitió
impactar en su jubilación las variaciones sufridas entre julio de 2019 y Fecha de firma: 22/03/2022
Firmado por: M.S., SECRETARIA
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Salta- Sala II
septiembre de 2020 siendo insuficientes los aumentos dados por decretos en el referido periodo que no contó con una pauta legal de movilidad.
En lo que concierne a la ley 27.426 sostuvo que lo resuelto no es claro y se preguntó cuál es el porcentaje de aumento de marzo de 2018 según el precepto de la 26.417 toda vez que, el mismo no está publicado pese a que la Anses debió haberlo realizado, como tampoco es de fácil obtención los componentes que lo integran y requirió se aclare el monto a considerar por marzo 2018.
En la misma línea, consideró necesario que se precise si efectivamente en junio de 2018 deberá procederse a aplicar la movilidad de la ley 27.426, ya que ello no resulta claro del pronunciamiento apelado.
En lo atinente a la legislación 27.541 reprochó el análisis que hace el a quo respecto...
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