En España, crece la presión para salvar a Cristina

MADRID.– El juez José Castro estalló de furia esta semana y lo puso por escrito. Libró un oficio a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional para reprocharles la "tardanza injustificada" para enviarle información sobre los movimientos financieros de Cristina de Borbón, la hija del rey.En su despacho de Palma de Mallorca, Castro reconstruye la historia que aterroriza a la corona española y junta documentos que podrían llevarlo a acusar a la infanta de lavado de dinero y evasión. Pero mientras se le agota el tiempo para decidir, enfrenta presiones apenas disimuladas: el fiscal anticorrupción, el procurador general del Estado y organismos del gobierno decidieron intervenir para defender la "inocencia" de Cristina.La intención del juez es resolver este mes si cita a la hija del rey como acusada de delitos vinculados con el fraude al Estado por el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarin. Una medida de esa magnitud ahondaría la grave crisis que atraviesa la monarquía española.Castro ya imputó en abril a la infanta como sospechosa de haber colaborado con su marido en los negocios sucios del Instituto Nóos, una supuesta organización sin fines de lucro a través de la cual captó por lo menos siete millones de euros de contratos con administraciones públicas. El dinero terminó en cuentas de Urdangarin.La Audiencia de Palma de Mallorca anuló aquella resolución: consideró que Cristina no era consciente de las acciones fraudulentas de su marido –pese a que ella integraba el directorio de Nóos–. En cambio, le pidió al juez que investigara si la hija del rey había incurrido en algún delito fiscal. Desde entonces se acumularon indicios comprometedores. Los principales tienen que ver con los movimientos de Aizoon, una sociedad sin actividad real inscripta a medias por Cristina y su esposo. Ésa fue una de las pantallas usadas para captar los fondos recaudados por el Instituto Nóos.En el expediente consta, por ejemplo, un contrato por medio del cual Aizoon alquiló el palacete del barrio barcelonés de Pedralbes que es propiedad de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. Los duques de Palma firman como arrendadores, a un lado, y como arrendatarios, al otro. Esos comprobantes servían para generar gastos ficticios y justificar el vaciamiento de Nóos.También...