Un enorme escándalo que estalló al lado de la Presidenta

lloró por él mismo cuando ante los senadores el jueves pasado. Estaba hablando del acuerdo con Repsol, exitoso para él, pero en su cabeza y en su espíritu pesaba más . O su propio caso, porque desde sus oficinas, las de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, se hicieron gestiones para frenar un extraño allanamiento a una financiera. Pedidos a los que el inconcebible accedió en el acto. Zannini ya estaba solo. Hasta la Presidenta tomaba públicamente distancia de quien fue su más cercano colaborador en el manejo del Gobierno. Ese Zannini desconocido, quebrado emocionalmente, contó sobre el clima interno en el centro del poder con más precisión que cualquier crónica periodística.

Hay momentos que merecen algunas lágrimas. Uno es cuando no existe una solución buena para un enorme escándalo político. No la hay para este caso. Oyarbide es un estorbo para el poder político, es cierto, pero su salida inmediata podría costarle el cargo al secretario legal y técnico de la Presidencia. Oyarbide es un mal juez, pero no es un incompetente. Cuando escribió su informe a la Cámara Federal, en el que dio cuenta del pedido que le hizo el segundo de Zannini, Carlos Liuzzi, para que pusiera fin al allanamiento, estaba anticipando probables delaciones futuras. La memoria de Oyarbide está cargada de peligrosos secretos.

Liuzzi argumentó que un amigo, Guillermo Greppi, el dueño de la cueva financiera, lo llamó para denunciar que los policías que allanaban sus oficinas le pedían una coima de 300.000 dólares, que luego regatearon en 2.500.000 pesos. Liuzzi llamó a Oyarbide, le contó lo que escuchó y el juez puso de inmediato punto final al allanamiento.

Ni Liuzzi cumplió con su deber de funcionario público (no denunció penalmente un delito que conocía) ni Oyarbide se preocupó demasiado por la causa original ni por la denuncia de coimas que recibió. Todo quedó en un amable intercambio de favores entre importantes funcionarios del Gobierno y un juez federal.

Nadie sabía con exactitud cómo llegaban a Oyarbide los pedidos y las necesidades del Gobierno, aunque el juez decidió siempre, en los casos más sensibles por lo menos, de acuerdo con el kirchnerismo. Zannini y Liuzzi acaban de dar una pista. La Presidenta ha denunciado muchas veces las supuestas presiones de imprecisas corporaciones sobre la Justicia. La primera prueba de que existen esas presiones acusa a su propio gobierno. Y el freno abrupto de un allanamiento a una financiera no es precisamente...