El Estado dio de baja casi 1200 contratos en un mes y el recorte seguirá hasta marzo

Cuando Mauricio Macri tomó el control de la Casa Rosada activó una política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. El recorte más amplio, de unas 10.000 personas, se concretó entre 2015 y 2016. Desde entonces y hasta la actualidad, se abrió una etapa de evaluación técnica y de control de presentismo en cada organismo de la administración pública nacional y entes descentralizados que derivó en 1191 cesantías, sólo en diciembre pasado.

Las casi 1200 bajas que se concretaron recientemente fueron relevadas en 15 organismos por los gremios estatales ATE y UPCN. La cifra podría incrementarse a 2600 en marzo, ya que durante el verano caducan muchos contratos temporarios. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20% los cargos políticos y jerárquicos que impulsó el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Desde su área, indicaron ayer a LA NACION que los contratos no renovados serían menos de los que afirman los sindicatos. "No hay despidos masivos. Tal vez son 600, la mitad de lo que dicen. Todos los casos tienen una justificación en base al control de presentismo y la evaluación interna", dijo una fuente oficial.

Ibarra, que inició ayer una semana de vacaciones en Chapadmalal, argumentó entre su equipo los motivos de la no renovación de algunos contratos. Destacó la rigurosidad del control de presentismo y las evaluaciones internas que se dieron en cada ministerio y entes descentralizados. Ejemplificó con casos de ausencias sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018 (ver aparte), y la Televisión Digital Abierta, con 180.

Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que sólo el 10% de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público (25.164). La legislación impone que no debería superar el 15% del total de la plantilla las contrataciones temporarias. Hoy estaría por encima del 30%, según fuentes de UPCN.

"Se desvirtuó con [Domingo] Cavallo durante el gobierno de [Fernando] De la Rúa", argumentaron en el gremio que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la...