Denuncian que 114 personas murieron el año pasado a manos de policías en Buenos Aires

La muerte de Luciano Olivera provocó una fuerte reacción social en Miramar

Luciano Olivera tenía 16 años cuando murió de un disparo al corazón. Minutos antes había esquivado con la moto un retén en Miramar y el oficial Maximiliano González lo persiguió y mató. Esa misma noche, pero en General Rodríguez, Agustín Méndez, de 15, también viajaba en una moto y también escapaba porque el amigo que conducía no quiso frenar en un control vehicular: no hubo tiros, solo el impacto mortal de Agustín contra el patrullero. La noche siguiente, Facundo Galván, otro chico de 16 años, se divirtió todo lo que pudo en una fiesta en el barrio San José de Almirante Brown hasta que discutió con el hijo del prefecto Eber Villanueva. Vestido de civil y con un arma distinta a la reglamentaria, Villanueva asesinó a Galván con un plomo en el pecho y otro en el glúteo.

Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 11 de diciembre pasado, es decir, en apenas 24 horas. No se trató de una aberrante coincidencia, sino de situaciones que podrían ser consideradas, por su repetición, una rutina policial que incluye intervenciones ilegales, violentas y desmedidas.

De acuerdo con el último registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 114 personas murieron en territorio bonaerense a lo largo de 2021 a manos de algún miembro de las fuerzas de seguridad. La cifra aumentará porque aún falta información de distintos organismos estatales. En tanto, otras 20 fallecieron en comisarías de la provincia, es decir, bajo custodia estatal.

Luciano Olivera, el joven de 16 años que recibió un disparo en el pecho por parte de un policía,

"Las razones detrás de estas muertes son muchas, se trata de un problema complejo que no es abordado como tal desde las políticas públicas que se implementan, centralmente por cuestiones ideológicas y falta de perspectiva de derechos humanos. Si no se cambia la política criminal, estos hechos van a continuar", advirtió Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

García, que además es abogado y psicólogo social, cree que el principal error es pensar la política criminal desde el "punitivismo, el crecimiento del sistema penal, la saturación policial de los territorios como respuesta a la criminalidad callejera y la persecución selectiva de los jóvenes que habitan las barriadas materialmente más pobres".

La lectura de García está basada en datos. El relevamiento del organismo identificó que las víctimas, además de pertenecer a barrios humildes, suelen ser...